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El pasado 25 de marzo el medio digital El Estornudo publicó un reportaje acerca de varias agresiones sexuales acontecidas en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (EICTV). Basada en los testimonios de cuatro exalumnas del centro, la investigación vuelve a avivar la polémica sobre violencias de género, pero, esta vez, con una discusión pendiente: abuso y acoso sexual escolar en instituciones educativas.
No es primera vez que medios cubanos tratan el asunto con más o menos rigor: OnCuba, Semlac, Afrocubanas-La Revista, Hypermedia… Sin embargo, sigue siendo escasa la visibilización de este problema gravísimo, a pesar de ser un secreto a voces.
Existe acoso sexual escolar en Cuba, aunque en múltiples ocasiones queda diluido en temáticas más amplias como el abuso sexual infantil, el acoso sexual en general o las violencias de género. Por otro lado, muchas veces las personas que se encuentran inmersas en situaciones de acoso, abuso o agresión sexual, no son capaces de nombrarlas o identificarlas como tales, o toman conciencia de ello luego de ocurridas las acciones. De ahí que merezca un foco de atención especializado.
Existe acoso sexual escolar en Cuba, aunque en múltiples ocasiones queda diluido en temáticas más amplias.
Tampoco es primera vez que las víctimas acuden a medios de comunicación —mostrando su identidad o bajo identidades protegidas— para denunciar hechos violentos de índole sexual. Precisamente, si algo tienen en común la mayoría de los testimonios, es que —tanto en las instancias escolares como en las policiales— las denunciantes encuentran múltiples problemas para hacer efectiva las denuncias, pues no les creen, las revictimizan o son desoídas. Estos comportamientos demuestran que las instituciones fallan en el acompañamiento y protección a las víctimas, y por tanto, propician impunidad a los agresores.
Si hay algo que caracteriza al acoso sexual en escuelas y universidades, es la relación vertical de poder que se establece entre profesores/as o autoridades académicas, y alumnas/os o empleadas/os. A esta forma de acoso se le conoce como hostigamiento sexual. Quienes ejercen el magisterio están imbuidos de autoridad y prestigio por el propio cargo que desempeñan en la institución, por lo que su posición de poder viene acompañada de cierta protección administrativa, aunque sea simbólicamente. De ahí que, en general, muchas víctimas no consideren la denuncia formal como un recurso de reparación a su integridad física y emocional tras la violencia sufrida, al verse intimidadas por la autoridad que porta quien las agrede.
Muchas víctimas no consideran la denuncia formal como un recurso de reparación a su integridad física y emocional tras la violencia sufrida.
No obstante, el acoso también ocurre en relaciones horizontales, o sea, entre estudiantes, entre profesoras/es o empleadas/os. Aquí tiene mayor peso la jerarquía de género; la persona agresora —con mayoría significativa de varones—, o el desequilibrio de poder se da por la mayor fuerza física de una de las partes, superioridad numérica —si son varios acosadores/as—, temperamento pasivo de quien es acosado, encontrarse en estado de indefensión, enajenación y más. Estos factores mencionados también podrían incidir en una relación horizontal ascendente, por ejemplo, de un trabajador hacia una jefa.
El reportaje coincide en varios de los efectos que causa ser una persona acosada sexualmente: se producen alteraciones en el sueño, desarreglos en la estabilidad emocional, disminuye el rendimiento académico, entre otras consecuencias como malestares, ansiedad, angustia, culpabilidad, y más.
En efecto, con acoso sexual escolar me refiero a comportamientos inadecuados de índole sexual que se producen en ámbitos educativos. Generalmente tienen como finalidad realizar o requerir prácticas de connotación sexual sin consentimiento[1] o indeseadas por la otra persona, en tanto la parte acosadora se aprovecha de su condición de autoridad o del desequilibrio de poder, lo que trae consecuencias dañinas para el desenvolvimiento de la vida de la víctima. Puede incurrir, o no, en abusos o agresiones sexuales —lascivia, violación, etc.— e incluyen otras acciones que enumero a continuación:
- Pedir alguna práctica sexual a cambio de un beneficio o un favor, ya sea haciendo, que le hagan, o mirando.
- Insistir con citas, conversaciones o encuentros sin aceptar un «no» como respuesta.
- Abrazar efusivamente sin el consentimiento de la otra persona.
- Realizar contacto físico indeseado (roces, tocamientos).
- Humillar públicamente.
- Usar lenguaje grosero o insultante o hacer comentarios sexistas.
- Llamar por «nombretes» despectivos según su género.
- Hacer comentarios relacionados al género, al desenvolvimiento, las expresiones o las características físicas de la otra persona.
- Burlarse o hacer comentarios porque una persona no se ajuste a los estereotipos o roles de género.
- Publicar o compartir pornografía, fotografías o caricaturas sexuales, sexualmente explícitos u otras imágenes sexuales sin consentimiento.
- Hacer «bromas» sexuales indeseadas.
- Difundir rumores o chismes de índole sexuales.
Fue lo ocurrido según los testimonios del reportaje de San Antonio de los Baños. La muchacha que denunció había sufrido una violación, dormida, sin consentimiento o indeseada. Al contarlo, fue discriminada por funcionarias que no le prestaron la atención y acompañamiento debidos. Sin embargo, encontró solidaridad entre sus compañeros de estudio y lograron iniciar la redacción de un protocolo de atención a la violencia de género para la escuela, cuando ya se habían aprobado en el país el Programa de Adelanto para las Mujeres y la Estrategia Integral de Atención a la violencia intrafamiliar y de género. Pero ¿es suficiente?
Reconocer el acoso, reconocer las violencias
Uno de los peores obstáculos para frenar y disminuir el acoso sexual y las violencias de género en general, es que no sean reconocidas en toda su magnitud y diversidad. Hay conductas sexuales dañinas que, incluso, llegan a naturalizarse socialmente.
En Cuba hay una alta tolerancia a las masturbaciones públicas, por ejemplo. O al mal llamado piropo, que no es más que el acoso sexual callejero. Por ello, una de las testimoniantes de la investigación de marras concluye que «mucha gente nos decía que estas cosas eran de esperar, que así era Cuba», refiriéndose a tocamientos y exhibición de genitales realizados por un profesor sobre ella, aun siendo indeseados.
Esta naturalización también explica que una abogada comente a la denunciante de violación —por penetración mientras se encontraba dormida— que «cómo se notaba que [yo] nunca había dormido al lado de un hombre cubano», como si las «cañonas» o las penetraciones dormidas fueran situaciones comunes y aceptadas por las cubanas. Recordemos que las víctimas del «caso San Antonio» son extranjeras.
No reconocer el acoso, el abuso o la agresión sexual implica que las personas se sometan a tales vejaciones, que la sociedad no reaccione, y que no denuncien. Esto conduce a que funcionarios lo tomen como asuntos de interés menor y que las violencias se sigan repitiendo y reproduciendo indefinida e impunemente.
No reconocer el acoso, el abuso o la agresión sexual implica que las personas se sometan a tales vejaciones, que la sociedad no reaccione, y que no denuncien.
La urgencia de fomentar una educación sexual integral en las escuelas, y a todos los niveles de enseñanza es un consenso generalizado por especialistas. Se sabe que seguir aplazando la implementación del Programa de Educación Integral de la Sexualidad propicia la ocurrencia de estos hechos y promueve la impunidad. Estamos ante una sociedad con muy poco conocimiento en temas de género y violencias. Solo mediante la educación podremos cambiar el paradigma hacia uno que contemple las relaciones e interacciones sexuales de manera equitativa, deseadas y placenteras.
La piedra angular de cualquier cambio social lo encontramos en la pedagogía consciente y sistemática; en la arena de las instituciones docentes, en las instituciones de justicia, en las leyes, en la conversación ciudadana, en la lucha política y en la movilización social, esta última en Cuba no se le da la importancia que tiene y, por demás, se criminaliza.
La respuesta institucional
El hecho de que un grupo de estudiantes haya logrado como respuesta a la sistematicidad de estos hechos la redacción de un protocolo, demuestra la importancia vital de esas fuerzas democratizadoras seculares. No sabremos nunca si la categoría de internacional de la escuela y la matrícula de mayoría extranjera coadyuvó a ese éxito.
Lo indiscutible es que cada centro educativo del país debe contar con un protocolo de atención y prevención al acoso sexual y a la violencia de género, de forma tal que estudiantes, trabajadores y docentes (varones, mujeres, diversidades de género) puedan contar con un instrumento jurídico o administrativo que les proteja y que, además, logre guiar la gestión de denuncias por parte de funcionarios responsables.
Lo indiscutible es que cada centro educativo del país debe contar con un protocolo de atención y prevención al acoso sexual y a la violencia de género.
El PAM y la Estrategia Integral son grandes políticas que establecen lineamientos a largo plazo y a escala nacional para la atención a las desigualdades y violencias de género. La misma Estrategia obligaba a los Ministerios a redactar sus protocolos en los seis meses siguientes a su publicación en Gaceta oficial; se desconoce, por la falta de transparencia enquistada en el país, si los Ministerios de Educación y de Educación Superior lo hayan cumplido. No obstante, cada centro docente debe adecuar a sus características particulares el contenido de sus protocolos.
Para que la aplicación de estos protocolos tenga éxito se requieren capacitaciones y formaciones continuas de los funcionarios y autoridades que tengan la responsabilidad de gestionar las denuncias. De manera paralela al ya mencionado Programa de Educación Sexual (para estudiantes), se deben sumar contenidos relacionados con estas temáticas en los currículos de los docentes o sus espacios formativos complementarios. De nada vale contar con una herramienta valiosa y no saberla usar, o enseñar a usarla mal.
Sensibilizar en que tanto niños como niñas, hombres y mujeres, personas trans o no binarias son acosadas, aunque los varones denuncien mucho menos por los estereotipos de género. Apenas hablan de sus experiencias de acoso para evitar bullying u otras descalificaciones.
Cuba necesita una Ley Integral contra la violencia de género y contra todas las formas de discriminación, incluyendo el acoso sexual escolar como un problema específico. La fórmula elegida por el país de transversalizar la perspectiva de género en el ordenamiento jurídico sin una Ley rectora que homologue conceptos, términos, dimensiones y obligaciones institucionales ha generado más dispersión normativa y le ha restado importancia al problema.
Cuba necesita una Ley Integral contra la violencia de género y contra todas las formas de discriminación, incluyendo el acoso sexual escolar.
Este tipo de iniciativas, además, inciden de manera directa en la prevención y, asimismo, fraguan otras rutas no-penales y no-carcelarias de justicia. Si bien el Estado reitera su política de «Tolerancia cero», lo hace cuando el daño es totalmente irreversible, cuando las penas de 30 años de privación de libertad o de prisión perpetua se aplican a feminicidas. El «manodurismo» penal intenta suplir lo evitable de esas muertes.
La otra cara de la moneda devela que la «Tolerancia cero» desde la prevención se ve disminuida y menos enérgica, una vez que acosadores y agresores sexuales en las escuelas reciben la venia de la complicidad, la lentitud o la desidia institucional; aupada, por supuesto, por una alta tolerancia y normalización social.
Los agresores
Escribo el subtítulo en masculino porque, entre quienes incurren en acoso y agresiones sexuales, predominan ampliamente los varones. Esto no significa que no existan profesoras, directoras y funcionarias en los ámbitos educativos que acosen tanto a alumnos como a alumnas. Lo mismo sucede con hombres que acosan a otros hombres. Es importante mencionarlo e insistir en visibilizarlo de manera pareja, de ello dependerán las soluciones.
No obstante, hay otro asunto aún más difícil: cuando los agresores tampoco se reconocen como acosadores, abusadores o violadores. Regresamos a hablar de la naturalización de las violencias, heredadas de patrones sociales, apre(h)endidas por las nuevas generaciones y actualizadas según las formas de globalización de incidencia de las TIC’s.
Los agresores tampoco se reconocen como acosadores, abusadores o violadores.
Penetrar dormida a una muchacha que acepta compartir la misma cama no encaja en la figura estereotípica del violador. Tampoco salir de fiesta y aprovecharse de la mujer que se emborracha. Menos aún la pareja que insiste, culpabiliza y tuerce la voluntad de la otra para satisfacer sus deseos sexuales aunque esta no le quiera corresponder. Ninguno de estos ejemplos guarda relación con el «enfermo mental» que, de noche, persigue a una chica desconocida, la golpea y la agrede sexualmente.
Lo mismo ocurre con los profesores que justifican su actuar improcedente aludiendo que las alumnas «provocan», le sonríen, le aceptan una cita, llevan escote pronunciado o se sientan a tomar unas copas juntos y, entonces, las «persuaden» aunque ellas disientan, manifiesten inconformidad o cambien de opinión durante el encuentro. Ninguno, casi en ningún caso, se reconoce como agresor. La sociedad, tampoco.
¿Cómo desmontar comportamientos sexuales inapropiados estando ya normalizados? Enseñando qué es la violencia sexual, sus tipos, modalidades y formas de manifestarla; desde las formas más sutiles —llamadas micromachismos, lo que no es sinónimo de pequeños sino que pueden pasar más desapercibidos—, hasta en sus formas más intensas. Dentro del esquema de la educación integral de la sexualidad, es perentorio el fomento de otras masculinidades: horizontales, sanas, humanizadas, compañeras.
Abrir caminos alternativos a los mandatos de jerarquía masculina, y mostrar otras formas de relacionarnos sexualmente es medular para evitar a mediano y largo plazo hechos como los comentados.
En la misma tesitura debemos contemplar las terapias para personas comisoras de delitos de género o sexuales como un tipo de sanción accesoria adicional, sea en el terreno penal o administrativo. No es suficiente con mandar a prisión o con expulsar del centro docente; lo deseable es transformar esos contextos, y nuestras sociedades.
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En resumen, faltan muchas políticas que hagan realidad el sueño feminista de la prevención eficaz del acoso en las escuelas, entre ellas: una ley integral contra la violencia de género y todas las formas de discriminación; aprobación de protocolos de atención al acoso sexual escolar en todas las instancias educativas; aprobación del programa de educación integral de la sexualidad en todos los niveles de enseñanza, que incluya el acoso sexual escolar; programas para fomentar formas alternativas a la masculinidad tradicional; sanciones accesorias de terapias psicológicas con enfoque de género; capacitaciones y formaciones continuas de profesores, autoridades, docentes y funcionarios del ámbito de la educación; transparencia institucional, rendición de cuentas, acompañamiento legal, médico y psicológico a víctimas; y coordinación interinstitucional entre estas instancias y la administración de justicia, incluida la penal.
Fuera de todo control institucional y de toda política pública, el escenario inmediato más deseable es que todas las víctimas puedan alzar la voz y nunca más dejarlas solas.
[1] Las personas menores de edad no están consideradas aptas para ofrecer consentimiento informado ante tales prácticas. No hay condiciones de consentimiento mutuo, equiparable y horizontal, está viciado por la autoridad o la jerarquía (sea en edad, en el género, en el vínculo institucional, etc.)
