Alejandro Gil, un «insensible» en el gobierno, y más noticias

Alejandro Gil, un «insensible» en el gobierno

La investigación abierta sobre presuntos hechos de corrupción cometidos por Alejandro Gil Fernández, exministro de Economía y Planificación, fue noticia esta semana tras la publicación de un comunicado del presidente Miguel Díaz-Canel que sorprendió a la opinión pública cubana y ha provocado un gran debate hasta ahora.

La nota oficial no revela mucha información, pero deja claro que Gil incurrió en «graves errores» sobre los que existe un «nivel de verificación». Más adelante afirma que no se permitirá «la proliferación de la corrupción, la simulación y la insensibilidad».

Fuera de lo que dice la declaración del gobierno, circula en redes sociales y en algunos medios de prensa radicados en Miami, información sobre probables hechos de corrupción que implican al funcionario.

Hasta el momento ninguna de esas imputaciones específicas ha sido verificada formalmente. 

Esto significa que toda crisis política afecta, en medio de tantos cuestionamientos de la ciudadanía a la gestión económica, la credibilidad del gobierno.

Opinamos que este incidente expone, de un modo escandaloso, la falta de transparencia y la impunidad con que operan habitualmente muchos funcionarios estatales en todos los niveles. 

Este caso roza, inevitablemente, al centro del poder político, del que formó parte Gil hasta hace unas semanas. Como si fuera poco, se trata del encargado de explicar las medidas de austeridad que periódicamente anuncia el gobierno como parte de su estrategia para resolver la contracción de la economía.

El proceso contra el exministro es por ahora un absoluto desastre, que podría ser utilizado para reforzar la credibilidad únicamente si queda explicado en detalles, con todas las responsabilidades a la vista.

De lo contrario, será contraproducente en la percepción ciudadana y Gil quedaría como una víctima expiatoria de la incapacidad del gobierno para salvar la crisis.

La transparencia, incluso en esto, tiene que ser el camino. ¿Podrán asumirla?

Feminicidios en discusión

Y esta semana fue noticia también el XI Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), celebrado entre el 7 y el 8 de marzo en La Habana, y la oportunidad que brindó al gobierno para explicar su política sobre la violencia de género.

Algunos de los temas centrales de la cita fueron «el empoderamiento económico de la mujer», «la atención a la juventud» que debería garantizar el futuro de la organización, además del «trabajo preventivo y atención social».

En su discurso ante el plenario, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció que la sociedad cubana tiene que «romper barreras culturales y esquemas mentales» que están limitando los derechos de las mujeres.

Se refirió al Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y aseguró que existe un plan de trabajo para implementarlo, con la participación de los organismos de la administración central del Estado.

Díaz-Canel se detuvo especialmente en la violencia de género y comentó que «no alcanza en Cuba expresiones brutales que se dan en otros países». Sin embargo, reconoció que los reportes de hechos violentos contra mujeres «aparecen con lamentable frecuencia».

«Para el Estado cubano, un solo caso resulta alarmante e inaceptable», declaró.

El presidente negó que existan feminicidios en Cuba, entendidos como crímenes propiciados por una «supuesta inacción estatal». Añadió que el señalamiento sobre los feminicidios es «una construcción mediática ajena por completo a la realidad cubana».

Detalló que en 2023 fueron sancionados 61 asesinos de mujeres. El 93% resultaron condenados a penas superiores a los 20 años de cárcel y cinco de los culpables viven en cadena perpetua.

«Son solo un par de datos que ilustran la tolerancia cero del Estado cubano frente a este tipo de conducta», dijo.

Esto significa una reafirmación de la política cubana sobre la violencia de género, que no apuesta por una «ley integral» sobre el tema, como demanda una parte del activismo feminista, y prefiere otro enfoque.

Nuestra opinión es que, si bien la política adoptada por el gobierno no está siendo suficiente para reducir la violencia machista (89 muertes reportaron en 2023 los observatorios independientes y 117 la Fiscalía General de la República), tampoco puede afirmarse que las autoridades se encuentran de brazos cruzados y evitan pronunciarse sobre este problema.

No obstante, el gobierno tiene pendiente hacer efectivas las estrategias que ya anunciado y de las que brinda información insuficiente. En diciembre pasado, se anunció que la Fiscalía General estaba habilitando un registro en tiempo real de las muertes violentas de mujeres y niñas. Hasta el momento no hay confirmación de que esté funcionando y las únicas estadísticas públicas son las recopiladas por grupos independientes.

También es urgente señalar que todos los crímenes machistas no afectan a «mujeres y niñas», como planteó la Fiscalía al exponer su intención de crear un registro. También tienen carácter machista y deberían ser enfrentados con ese foco los crímenes contra personas LGBTIQ feminizadas por sus parejas y por la sociedad.

La violencia de género tiene muchas variantes. Y lo cierto es que el Estado no ha podido dar una respuesta a la altura del problema, a pesar de los casos resueltos en tribunales y de la intención declarada de trabajar transversalmente.

Un ferrocarril sin locomotoras

También fue noticia esta semana una pormenorizada actualización del estado en que se encuentra el ferrocarril cubano, un elemento indispensable para el funcionamiento del país y para cualquier plan de desarrollo económico.

En la Mesa Redonda de la Televisión Cubana, directivos del Ministerio de Transporte y del grupo empresarial a cargo de los ferrocarriles informaron que el 67% de las vías férreas requieren mantenimiento, al mismo que tiempo que el 40% de las obras de infraestructura.

El sostenimiento de la red ferroviaria cuesta al presupuesto del Estado 900 millones de pesos cada año, de ellos 25 millones en divisas. En 2023, por ejemplo, solo lograron financiar alrededor de la cuarta parte de las traviesas de hormigón requeridas.

La mayor dificultad que enfrentan actualmente es la escasez de locomotoras de gran porte. Se estima que hacen falta 34 y hay 12 disponibles.

Los funcionarios mencionaron también, como obstáculos para el pleno funcionamiento del sistema ferroviario, la escasez de combustibles y lubricantes, los equipos obsoletos y la reducción de los ingresos como consecuencia de la contracción de la economía nacional.

Para este año prevén crecer un 26% en el transporte de carga, pero para lograrlo necesitan reparar más de 300 vagones. Con respecto a la transportación de pasajeros, dijeron que apenas aspiran a mantener los niveles de 2023, conscientes de que están lejos de satisfacer la demanda.

Sobre las perspectivas de solución, comunicaron que se intenta adquirir locomotoras rusas, pero que la negociación apenas está en curso.

Esto significa, a pesar del optimismo de los funcionarios, que el ferrocarril se encuentra en un callejón sin salida por la falta de presupuesto para sostener sus operaciones con eficiencia.

Opinamos, lo mismo que tantos expertos, que este medio de transporte es esencial y que mientras siga funcionando a media máquina, nunca mejor usada la metáfora, el país tendrá un freno importante.

Sin un programa coherente de desarrollo ferroviario, y lo que es más decisivo, sin inversiones a la altura de la necesidad actual, no se podrán garantizar los niveles mínimos del transporte de carga y de pasajeros.

Rusia, según reportes aparecidos en la prensa en años anteriores, ha estado interesada en invertir en el sector. Los obstáculos que ha enfrentado esa inversión, que prometía cambiar el rostro del ferrocarril cubano, nunca han sido explicados.

Este será, sin duda, otro año duro para el ferrocarril.

El fraude equivale a una termoeléctrica

Por último, fue noticia que la Unión Eléctrica está avanzando en un programa que aspira a controlar los fraudes con la instalación de metrocontadores que «no se afectan ante la colocación de imanes».

Hasta el momento, los nuevos equipos alcanzan a 34 000 clientes residenciales y estatales en las provincias de Pinar del Río, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey, según el periódico Invasor.

El director de Gestión Eléctrica del municipio de Morón, dijo a la Televisión Cubana que gracias a estos metrocontadores han ahorrado, en promedio, 50 megawatts mensuales en Ciego de Ávila.

Para Daniel Pérez García, director general de la Empresa Eléctrica en esa provincia, la difusión de estos equipos equivale a los beneficios de «una nueva termoeléctrica».

Esto significa un paso prometedor en la contención de la pérdida generalizada de ingresos por los fraudes eléctricos y, de paso, un incentivo para el ahorro de energía.

Nuestra opinión es que, aunque suene exagerada la comparación entre los fraudes y la capacidad de generación de una termoléctrica, se trata de un problema con una dimensión tan grande que perjudica significativamente la economía del país.

Recientemente los tribunales sancionaron a numerosos funcionarios y clientes en La Habana que afectaron a la empresa eléctrica de su demarcación, por un monto notable.

Los metrocontadores antifraudes llegan en un momento de crisis de generación que hace más necesario que nunca el uso racional de la energía. Sin embargo, todavía se trata de un programa de limitado alcance. El impacto que tendrá a largo plazo podría ser notable, si llegara a generalizarse.