Burbujas en alquiler: la odisea de la renta en Cuba

«OJO: —abre sin guiño el anuncio— la renta es compartida con el dueño de la casa». Es un detalle que Yusimí no pasa por alto, pero la oferta de un cuarto en 8 000 pesos por tiempo indefinido le amortigua cualquier desazón, vaya, le suena a ganga; es lo más asequible a su monedero proletario que ha podido rastrear entre el maremágnum de clasificados. ¿Quién en su sano juicio cometería la locura de meterse en casa… o, mejor dicho, pagaría por vivir con un perfecto desconocido, para compartir baño, cocina, humo de cigarros, manías recónditas…?

«Qué se le va a hacer», digiere tras semanas gastando megas en Revolico, zapateando baches, haciendo palomitas a carteles de Se alquila. Tiene 72 horas para salir de donde ha estado rentada los últimos tres meses. De la noche al día le subieron por enésima vez el precio y ya no le alcanza ni para el pan nuestro de cada mes. Necesita techo. Sí o sí. «Además, está súper céntrico, en Centro Habana», se anima la guantanamera, con el núbil regodeo de quien ha conquistado el corazón de la ciudad prometida; si bien por lo cirrótico del paisaje, más que corazón, parece hígado. Pero por ahora lo cree suficiente. Ya verá con la brega cotidiana.

«Hasta un día. Hasta un día le va durar esa gracia, déjalo que siga, asere», machaca Roger en su cabeza, guardándose el celular en el bolsillo del overol. Alterada, la esposa interrumpió su quehacer laboral para contarle que el yerno del difunto dueño se había aparecido otra vez sin previo aviso, había abierto la puerta casi sin tocar y había entrado a lo Pedro por su casa, para mayor entuerto, cuando ella estaba en el baño. Al notar la inesperada presencia de la mujer el casero —¿o cazador?— se sacó un pretexto, justificando que necesitaba recoger unas cosas del fallecido. «Para mí que este tipo viene cuando no estamos, a ver si le hemos roto algo», enchuchó ella al marido. Él no deja de cavilar encabronado que el chantaje emocional va de castaño a oscuro y «tocará resolver a lo macho».

También preocupada está la doctora K., santiaguera que aún no consigue un lugar conforme para instalarse con su pareja y su niña pequeña: «No estoy en contra de pagar, sé que las cosas valen dinero, pero no puedo ir al ritmo de los precios que está imponiendo la oferta-demanda. Te llevan a paso de conga. Entiendo que hay inflación sin control, que es la ley de la selva, pero no hay manera de que con mi salario mensual pueda pagar los 15 000 pesos que me piden por un alquiler en Vista Alegre. Es un soberano abuso contra un trabajador, una burla; se aprovechan de la situación ajena. Tristemente en mi caso no tengo casa, ni pronta esperanza de tenerla, y ya que no hay transporte quiero estar cerca del trabajo».

En la permanente incertidumbre también está Yurita, informática que hace un par de años decidió hacer los bultos y subir al tren hacia la capital desde su bohío en Granma, donde vivían apretadamente tres generaciones. Consiguió apartamento en La Lisa, casi llegando a Artemisa, aunque no deja de ser La Poma. Cedido por una amistad, paga el «módico» precio de 7 000 pesos, el salario íntegro de su novio, mientras el suyo de empresa le permite a ambos driblar el mes con mucho trabajo. El apartamento apenas está equipado, le dejaron unos desvencijados muebles de mimbre, una cama en mal estado y un colchón con manchas de dudosa procedencia; el inodoro tarda en tragar y hay otro saco de «detalles». Tampoco se atreven a arreglar nada «porque al final esto no es de nosotros». Realidad aumentada por la propia amiga/anfitriona que no deja de enarcar la ceja cuando flota en el aire, cual globo sonda, la sospecha de una barriga.

¿Maldición gitana?: reglamentos y leyes sobre los alquileres

Son, por desgracia, historias compartidas por muchas personas. Una trama de búsquedas y huidas, de chantajes y asimilaciones, de dependencias y poder; de hacer números con la calculadora del móvil, de capacidades para asumir los cambios de rumbo, de mantener viva o suicidar la esperanza. Tener un alquiler en la Cuba de hoy suele ser calificado de odisea. Sin dudas es un dilema de causas y consecuencias multifactoriales, disyuntiva de infinitas caras.

«El hombre primitivo vivió bajo los árboles y las estrellas… mas, en algún momento halló o improvisó un cobijo», no descubría el agua tibia el arquitecto inglés Sir Banister Fletcher al sellar que, desde la edad de piedra, la evolución de la humanidad ha estado supeditada a la urgencia del refugio. El drama secular del techo. Este ha constituido núcleo en la jerarquía de necesidades psicológicas que dan cuerpo a la pirámide de Maslow o en la premisa marxista —solapada por ciertas hojarascas ideológicas— de que el hombre necesita primero alimentarse, vestirse y tener un techo, para poder hacer política, ciencia, arte… vivir; lo mismo que ha servido de argumento literario a Martí para La Historia del Hombre contada por sus casas o para arraigar, cual maldición gitana, la civilización del nomadismo.

Diversos memorandos internacionales —artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, y artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; un par de ejemplos— promulgan que tener una vivienda adecuada es necesidad humana básica. Esa condición inherente no debe ser concebida solo como mera acción de facilitar cobijo a personas. El concepto universal de vivienda adecuada —término asentado en el artículo 71 de la Constitución cubana, en remplazo del de «vivienda digna» que aparecía en su anteproyecto— es más que eso, es comprender que hombres y mujeres sin distinción de edad, clase o condición deben tener acceso a un hábitat/inmueble donde puedan residir con protección, decoro, paz y ambiente saludable; de modo acorde con su condición física y mental. Ello entraña la seguridad de tenencia o estancia sin la amenaza de quedar repentinamente en la calle por desalojo o expulsión.

Diversos memorandos internacionales promulgan que tener una vivienda adecuada es necesidad humana básica.

La vivienda se ha convertido en un problema social y un factor determinante en cuanto a clase, privilegio o segregación. A diferencia de aquella comunidad primitiva que compartía la cueva, el mundo actual, torcido a la mercantilización, es una enorme residencia en alquiler donde no todos tienen iguales accesos o posibilidades. Un drama que se piensa individual y sin embargo tiene profundas repercusiones colectivas.

Varios países desarrollados han recurrido a los alquileres como una de las vías posibles —mayormente la menos cara— para garantizar un techo. Suiza y Alemania, por ejemplo, tienen más del 58% de sus poblaciones bajo régimen de alquiler. Y en Estados Unidos 43,7 millones de hogares son rentados, el nivel más alto en medio siglo. El negocio está asegurado.

En el caso cubano ha habido una «colección» de leyes, decretos y resoluciones sobre el particular. Estuvo la Ley de Alquileres, publicada en Gaceta de la República en marzo de 1939, luego de casi tres años de debates legislativos y protestas públicas. También conocida como «Ley Palma» (por el representante a la Cámara, Carlos Palma, quien la defendió con vehemencia), buscaba fijar los precios y establecer sobre bases equitativas la condición de arrendamiento e inquilinato, en un momento de escasez alarmante de viviendas. Le siguieron en 1944, 1948 y 1953 nuevos «resuelvos» que igualmente procuraban reajustar los términos a tono con cada contexto. Para 1959 los alquileres significaban hasta el 50% del ingreso de los núcleos familiares.

Semanas después del triunfo de la Revolución fueron dictadas las primeras disposiciones para cimentar una nueva política de la vivienda, sobre el cese de los desalojos y las demandas de desahucio, los precios máximos y la venta forzosa de terrenos urbanos edificables para combatir la especulación. Como parte del proceso nacionalizador y para «poner término a los factores especulativos que desnaturalizaron la función social que debe cumplir la inversión en vivienda, y respondiendo a los anhelos de todo el pueblo», el 14 de octubre de 1960 fue promulgada la Ley de Reforma Urbana, con jerarquía constitucional. Para la consecución de este fin el Estado se apropió de los inmuebles desocupados, rebajó entre 30 y 50% los alquileres y viabilizó que más de un millón de familias inquilinas pudieran ir comprando la casa-habitación en el lapso de cinco a 20 años, mediante la amortización mensual.

«El individuo en estas condiciones no encuentra satisfecha su vital y primaria necesidad de vivienda habitable. Las familias viven hacinadas en cuevas o habitáculos construidos sobre la marcha y, sobre todo, no existen unos mínimos servicios públicos que faciliten la existencia. La ausencia de planificación urbanística y el desinterés de los inversores privados, hacen de estas zonas algo abyecto que debe aceptarse como mal necesario, o por lo menos olvidarse, pues como su propio nombre indica es algo que está fuera o por debajo de la urbe: es un suburbio», justificaba la radical política en su Introducción.

La Ley de Reforma Urbana declaró propietarios a los inquilinos y a partir de ese momento el Estado asumió que alquilar no era una vía legal —excepto habitaciones de hoteles, casas de huéspedes y de veraneo— de acceso a un techo decoroso. Alquilar sería ilegal y por ende penalizado, hasta la apertura del trabajo por cuenta propia. De allá hasta acá, aunque con no pocos cambios en materia jurídica, la vivienda ha seguido siendo un asunto pendiente, así como las garantías para la existencia de alquileres a precios asequibles y seguros.

La Ley de Reforma Urbana declaró propietarios a los inquilinos y a partir de ese momento el Estado asumió que alquilar no era una vía legal de acceso a un techo.

Si bien en la actualidad están disponibles varios instrumentos relacionados con el arrendamiento de casas o espacios habitables, ya sea la vigente Ley no.65 Ley General de la Vivienda (artículo 74, dicho sea de paso, que ha tenido el mayor número de modificaciones desde su prístina redacción en 1988), o las normativas dirigidas a regular tal actividad como modalidad del trabajo cuentapropista —así se conoce popularmente—, en el imaginario social se mantienen los «vacíos legales»; lo mismo que hay nichos sin huesos en los cementerios. Ya sea por conveniencia o ignorancia, por exceso u omisión.

«Por tal motivo, el arrendamiento de viviendas en nuestro país hoy puede valorarse con un carácter trifonte, a entender, desde su concepción más general como figura contractual, como derecho de los propietarios, así como una actividad del llamado trabajo por cuenta propia», resumen los profesores universitarios Dr.C. Raúl Vega Cardona y MsC. Natacha Doimeadiós Batista, en un artículo de investigación publicado por la Revista Cubana de Derecho.

El precio de las emociones

¡¡ALQUILER ALQUILER!! ¡¡RESUELVA SU PROBLEMA!! (ZONA CÉNTRICA MUNICIPIO PLAYA), proyecta así, «solidario», a mayúscula corrida —como quien vocifera en el ágora digital—, un perfil dedicado a tales menesteres en Facebook.

Vivir de alquiler «mata». Un reciente estudio desarrollado por científicos británicos sobre la base de información epigenética (cambios en la función de genes hereditarios) y encuestas sociales, revela que vivir arrendando tiene un impacto «físico-mental»negativo para la salud, en tanto acelera el envejecimiento biológico, incluso al doble que estar desempleado o haber sido fumador.

Tener el dinero en mano para pagar puntual cada mes es lo que realmente cuesta. Estresa quizás más que la tarifa misma. ¡Y mira que los precios «pilotos» —por eso de andar por las nubes— duelen y desconciertan! «Sobre todo al principio, que cobraba el mínimo de adiestrada, lo sentía muy fuerte. Me obligaba a tener tres o cuatro trabajos; me puse a inventar, a vender ropa. Básicamente trabajaba para pagar el alquiler y mis padres me daban el dinero para la comida. No salía, no tenía gastos extras», recuerda Dalita. Llegó de Pinar del Río a becarse en la capital y ya graduada lleva cuatro años distribuidos en tres alquileres.

«Básicamente trabajaba para pagar el alquiler y mis padres me daban el dinero para la comida. No salía, no tenía gastos extras».

Podría decirse que Mileidys le tiene cogida la vuelta a esta noria. Por una misión de su ministerio eclesial en 2006 se mudó desde la perlada Cienfuegos a la ardiente Santiago junto a su esposo y dos hijos. «Así que llevamos 17 años alquilados en ocho zonas dentro de la ciudad. No te puedo negar que en ocasiones la dinámica se ha tornado estresante. Si bien buscamos concertar tiempos largos no deja de desvelarnos el pensar que se acerca el día de mudarse a otro sitio con la comodidad necesaria para la familia y, por supuesto, tener la economía para costearlo. Los precios oscilan dependiendo del reparto y los dueños. Algunos nos resultaron demasiado costosos, pero gracias a Dios jamás hemos estado en riesgo de quedar botados en la calle», sostiene.

Ninguna de las dos logra citar algún maltrato «memorable» durante sus experiencias. «Salvo una situación fortuita cuando la dueña anunció que viajaba a Cuba en pocos días y quería quedarse en su casa. No era algo que se hubiera hablado con antelación, por lo que generó relativa tensión e incertidumbre. ¿Dónde se supone que íbamos a meternos? Felizmente, mediante el diálogo y la intervención de la casera –que le halló otro hospedaje– se solucionó la encrucijada», narra Dalita con manifiesto alivio.

Está claro que la otra cara de la moneda son los arrendatarios. Durante seis años Giovanni alquiló por tiempo indefinido su apartamento a unas cuadras del estadio Latinoamericano. Fanático a la pelota, se habituó a plantear ante cada play las reglas del juego, dejaba claro el precio de romper algo indebido y daba una vuelta periódica al terreno para verificar que todo estuviera quieto en base. «Porque la mayoría de la gente no cuida lo que dejas, así que llega el momento en que uno prefiere poner la lámpara más barata, la cortina más barata, el llavín más barato. Todo eso es dinero botado y si no se controla te arruinas».

Todavía más radical es su colega Vania. «La gente suele venir a Guanabo a fiestas, a la playa, a estar borrachos, a fajarse y alborotarse… Te hacen polvo la casa en un fin de semana. Una cosa es que rompan un cubo plástico, y otra que te desprendan el lavamanos y lo dejen presentado. Tuve episodios extremos de no querer pagar ni irse. Suena feo decirlo: pero los cubanos son lo peor de lo peor para alquilar. Deja eso bien claro», escupe; parece lava.

«Lo otro es que nunca falta quien quiere jugarte cabeza», echa más leña Giovanni. «En una ocasión me llegó por la Médico de la Familia que una muchacha que tenía alquilada salió embarazada sin decírmelo, y andaba averiguando hasta qué punto tendría derechos sobre la casa si el niño nacía allí. Esa premeditación derivó en que tuve que sacarlos, además porque eran de los que no cuidaban y habían roto varias cosas. Con esos tiros uno se asusta».

La mayoría de los alquileres cierran las puertas a mujeres embarazadas o con hijos menores, ni hablar de mascotas. Algunos hasta evitan muchachas solas por temor a que se utilice el espacio para prostitución. Basta examinar los sitios de anuncios para deducir los eufemismos y notar que cada día son más escuálidas las opciones de alquiler en «bala salva». A todas luces otro reflejo de la «renegada» dolarización y el desordenamiento de la economía doméstica, en un escenario donde se ha elevado el costo de la vida y el salario medio —según la ONEI— ronda los 4 200 pesos; lo que equivaldría a unos 35 dólares al cambio oficial y a 13 —al escribirse este reportaje—  en el mercado informal.

«Es que una casa en alquiler mete miedo», espeta Luis. Arguye estar saturado por los «desórdenes y aquelarres» de los alquilados de arriba, en el edificio de micro donde vive con su pareja. «Son unos inadaptados» que le han provocado más de un sofocón. La cuarta pata de esta mesa —por tanto, nada desdeñable— son los vecinos. El ojo que te mira. No hay dudas que el alquiler quita el sueño a unos y otros.

La ley en la trampa

Eso sí, unos y otros coinciden en poner encima de la mesa de debate el mantel legal que cubre la cuestión.

Desde la perspectiva de los dedicados al oficio, aparte de acondicionar la renta y lidiar con la clientela está el rollo de trámites y rémoras institucionales, o las preocupaciones de salir perdiendo al reducir mucho el precio o hasta dónde habría que seguir subiéndolo, excitados por una corriente de inflación récord. Algunos, nada dispuestos a hacerse el harakiri, prefieren poner candado y esperar que se calme la marea antes que rebajar un dólar. Un dolor. Porque cada casa cerrada es una solución menos de techo, en un país vapuleado por bloqueos externos e internos, donde año tras año «por falta de cemento y acero» sigue «sin despegar» el plan nacional de construcción y mantenimiento de viviendas.

«Las leyes no son estimulantes ni eficientes en este sentido», expresa categórico Giovanni. «Si declaras transparentemente lo que estás cobrando en el alquiler, el impuesto que te meten es tan alto que no resultaría rentable. Al final te obligan a hacer truco. De ahí que la mayoría opte por subdeclarar ingresos o alquilar sin licencia. Es un secreto a voces. Sigo pensando que es mejor estar legal, pero las autoridades deben entender que los negocios son para sacarle provecho. Hay cosas tan surrealistas que uno llega a sentirse burlado. Recuerdo una ocasión en que nos convocaron a reunión en el Partido del Cerro y la gente fue con expectativas, pensando que habría ajustes o novedades. Y la cosa fue para explicar el olor de la marihuana, que supiéramos detectarla si aparecía en los alquileres», se ríe.

«Si declaras transparentemente lo que estás cobrando en el alquiler, el impuesto que te meten es tan alto que no resultaría rentable».

Vania coincide en la visión de carrera de obstáculos. «Pese a que tuve siempre el libro de registros y todo en orden, venían inspectores queriendo buscar lo que todo el mundo sabe. Por más que digan lo contrario, muchos funcionarios maltratan al cuentapropista, lo criminalizan. Por lo menos así lo percibí. Al final, alquilar me generaba más pérdidas, confrontaciones y migrañas que ganancias y satisfacciones; acabé entregando la licencia».

De cualquier manera, el mayor flujo de reclamaciones e inconformidades emerge en el ángulo contrapuesto. «Acuerdo en plan contrato nunca he hecho. Siempre hemos fijado de palabra el monto y las reglas. Creo que establecer normas beneficia a ambos: a inquilinos y a dueños, porque hay gente que no es cuidadosa, mete a más personas, hace fiesta todo el tiempo, molesta a los vecinos. Yo he tenido la posibilidad de estar alquilada fuera de Cuba y efectivamente se firma un acuerdo escrito, incluso pagas un adelanto como seguro o depósito, se vela por el cumplimiento del contrato. ¿Pero acá qué validez real tendría un contrato de renta cuando la mayoría de esas personas lo hace sin permiso oficial?», Dalita deja caer la pregunta del millón.

Aun cuando no ha tenido el agua al cuello, Mileidys cree que debería incluirse el asunto del arrendamiento en la venidera ley de la vivienda —aplazada por la sesión de la Asamblea Nacional de diciembre último para el cronograma legislativo de junio/2025. «Por lo delicado del tema, es necesario comprender que las personas que vivimos en estas condiciones somos también vulnerables. Conozco muchos casos que se les ha tratado inmoralmente y se han aprovechado de su situación para abusarlos o extorsionarlos».

Para garantizar un techo se necesita

De somera ilustración sirve el caso español. Considerado hace tiempo como país de propietarios, a juzgar por las prácticas modernas de la juventud que ansía independizarse, ha experimentado un cambio drástico: «Entre los jóvenes España es, sobre todo, un país de inquilinos: si solo tres de cada 10 hogares encabezados por un menor de 28 años vivían de alquiler en 2002, actualmente ese porcentaje se acerca al 70%», colgaba hace poco menos de un año El País en su cuenta de X —entonces Twitter—, citando un estudio de Future Policy Lab (centro dedicado a incentivar el debate público intergeneracional).

Rolando es uno de los 200 000 cubanos que decidió quemar las naves en ruta diametralmente inversa a la de sus abuelos gallegos. —Registros del Instituto Nacional de Estadísticas de la nación ibérica indican que Islas Canarias, Madrid y Cataluña son los principales destinos de compatriotas en la Madre Patria, en un éxodo que parece no tener fin. Las aspiraciones profesionales y personales de quienes no avizoran progreso en sus lugares de origen impulsan a muchos a chocar con inenarrables trances para encontrar nuevo domicilio, ya sea al interior de la Isla o en la diáspora.

El joven profesor universitario radicado en Barcelona refiere que para quien empieza de cero sacar un piso es cosa gorda, por los papeles, fianzas y prejuicios. «Por lo general se hace a través de una agencia que representa al propietario y cobra comisión, o vas directo con el dueño, estableciendo un acuerdo escrito o verbal más o menos vinculante en efectos prácticos; también puedes rentar una sola habitación y compartir espacios comunes. Está el alquiler temporal, de pocos meses, o el de larga duración, que ahora puede extenderse hasta cinco años. Según expertos lo que gastes en el alquiler no debe superar el 30% de tus ingresos —el sueldo mínimo interprofesional ronda ahora los 1134 euros— pero eso aquí no se cumple ni de broma».

Según expertos lo que gastes en el alquiler no debe superar el 30% de tus ingresos

»Algo positivo es que hay leyes estatales y autonómicas que procuran regular el mercado inmobiliario y dar garantías al inquilino en caso de violarse lo pactado entre las partes, pues la vivienda es precepto constitucional. Esas leyes se actualizan y corrigen de manera periódica. A nivel de gobiernos autonómicos, como el catalán, existen ayudas de carácter extraordinario, y te costean una parte del pago en dependencia de cuánto ingreses y dónde quieres vivir. Muchos ayuntamientos compran inmuebles y los ofrecen en arriendo comunitario, con amortizaciones ajustadas al poder adquisitivo de las familias; o están limitando la cantidad de licencias para pisos de alquiler turístico, lo que ayuda a bajar o estabilizar precios. Aun así, es un terreno salvaje; más si se hace por detrás de la cortina», asegura desde el otro lado del chat.

La flecha, en consecuencia, parece apuntar a la necesidad de establecer jurídicamente las posibilidades justas para inquilinos y arrendatarios. Y no se trata del enfoque constreñido a vigilar la concentración de propiedades que a día de hoy se enmascara, en términos de titularidad, a través de familiares y testaferros, sino al coherente convencimiento de que el alquiler es un exponente ineludible en la página de la vivienda.

La letra de la ley puede ofrecer garantías, seguridades y encontrar formas de potenciarlo. Quizás incluirlo entre las responsabilidades de los gobiernos provinciales y municipales, que tengan autonomía en términos de su financiamiento y capacidad de acción, es una idea de cómo a nivel local pudiera gestionarse el fenómeno. El alquiler tiene un fin primario: ya sea el patrimonio para hacer negocio o el espacio para que la gente pueda vivir.

Por supuesto que la cuestión no se resuelve únicamente con pronunciamientos legislativos que le pongan varilla a los precios o pauten procederes. El gran desafío o solución más radical sería apelar a todos aquellos sistemas que multipliquen eficientemente la construcción de viviendas. Pero mientras se desenreda la madeja valen paños tibios. Desde políticas oficiales pudiera fomentarse el mercado del arriendo, hacerlo más accesible a más ciudadanos y lo suficientemente rentable para los propietarios; que llegue a formalizarse convenio válido donde se acuerden plazos, tasas justas, deberes y derechos de ambas partes, consecuencias y medidas judiciales en caso de arbitrios o incumplimientos.

Desde políticas oficiales pudiera fomentarse el mercado del arriendo, hacerlo más accesible a más ciudadanos y lo suficientemente rentable para los propietario.

Obviamente será utopía, pero no cuesta nada soñar con parques de casas en alquiler a precios «atemperados» o algo menos prohibitivos que los corrientes, donde se llegue a disponer de un techo sin la pesadilla de «canibalearse» las tripas. Bien «descocada» sonará la idea de que incluso un banco pueda conceder créditos —con la consabida ganancia del interés a medida que se está usando— a jóvenes estudiantes, profesionales, emprendedores, determinadas familias, personas urgidas; pero es algo que también exige meditación. Lo más descabellado es que no se haga nada. ¿Acaso se está haciendo algo? ¿Figura este asunto entre las «prioridades» de nuestro modelo de sociedad futura?

Rompecabezas para unos y rompebolsillos para otros, la cuestión del alquiler es dilema para todos. El debate está planteado, pero ninguna solución traspasaría la epidermis —es decir: sería objetivamente efectiva— si no antepone el derecho constitucional y universal de las personas a tener una vivienda de ley.