¿De qué sirve a los cubanos el Examen Periódico Universal de Derechos Humanos?

Cuba rindió cuentas ante el mundo sobre derechos humanos, como estaba previsto que sucediera en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), presentado este 15 de noviembre en Ginebra.

El EPU comenzó su primera ronda en 2008. El mecanismo nació un par de años antes gracias a una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas que pretendía consolidar el respeto a los derechos humanos por parte de los Estados.

La fórmula ha sido la más eficiente de las creadas hasta el momento. Cada uno de los países miembros tiene que someterse al escrutinio del resto. Nadie queda exento. Tanto los Estados más influyentes, potencias militares y comerciales, como los más pequeños o amenazados de desaparición, tienen que comparecer —al menos formalmente— en igualdad de condiciones.

El actual Consejo de Derechos Humanos y el EPU, su recurso más conocido, nacieron para sustituir a la problemática Comisión de Derechos Humanos, fundada en 1946; aquel veterano y disuelto organismo que fue acusado de parcial en muchísimas ocasiones, incluso, por grupos de países enfrentados tradicionalmente. Para evitar el sesgo y poner a todos los Estados en una posición equitativa al rendir cuentas, se creó el EPU.

Todos los Estados miembros del Consejo, 47 en total, conforman un grupo de trabajo. Al momento del examen, cualquier nación puede hacer observaciones. Tres países, elegidos en un sorteo y llamados «troika», actúan como facilitadores. En este último ciclo, la «troika» a cargo del escrutinio a Cuba fue integrada por Argentina, Benin y Nepal.

El EPU es un juicio sin veredicto único. Cada una de las partes expone los elementos que cree más pertinentes para describir la situación de los derechos humanos en el lugar analizado. Su resultado, como la gran mayoría de los veredictos de la ONU, tampoco es vinculante. Los Estados examinados pueden libremente aceptar las sugerencias hechas, rechazarlas o tomar nota. Incluso sobre aquellos señalamientos aceptados, su real vinculación para trabajar en estos no pasa de un simple compromiso moral ante el mundo.

Ver al final Anexo: ¿Qué aceptó, qué rechazó y sobre qué ha tomado nota Cuba en los precedentes Exámenes Periódicos de Derechos Humanos?

Las razones del gobierno cubano

El examen se realiza a partir de tres documentos. El primero es el Informe Nacional presentado por país que rinde cuentas. Cuba aportó un documento que resalta las reformas legislativas realizadas a partir de 2018 y que todavía no han concluido.

Además de una larga enumeración de los derechos humanos legislados en los últimos años y de los garantizados históricamente por el Estado cubano, el informe dedica un amplio espacio a denunciar las sanciones estadounidenses.

En pocos casos, la exposición reconoce que el país no ha resuelto sobre el reconocimiento pleno de algunas garantías. Lo hace en el asunto de la tan demandada ley de asociaciones declarando que «se trabaja» en ese proyecto legislativo.

La pena de muerte es otro tema polémico sobre el que siempre se pone el dedo en la llaga, la parte cubana la admite como pendiente: «Cuba es favorable a la eliminación de esta pena cuando existan las condiciones propicias», afirma.

Acerca de los cuestionamientos más frecuentes que se hacen al país, como las detenciones arbitrarias, la falta de independencia de los tribunales en los procesos de carácter político y el trato de determinados reclusos en las prisiones, el informe no dice nada. Sugiere, en cada uno de los casos, que esos problemas no existen o son manipulados, a pesar de que abundan los reportes.

Pocos días antes de que Cuba rindiera cuentas en Ginebra, varias organizaciones internacionales y algunas cubanas, a las que el gobierno acusa de estar relacionadas con la política estadounidense, dirigieron un comunicado a los Estados miembros de Naciones Unidas para que hicieran recomendaciones específicas durante el EPU.

«Eliminar las prácticas que fuerzan a periodistas, artistas, escritores y defensores al exilio así como garantizar su retorno seguro», fue una de las encomiendas más precisas. En los últimos años, decenas de activistas se han exiliado en reacción al acoso de las autoridades y a un pequeño número se le ha denegado el derecho a regresar al país.

Este comunicado, entre los tantos puntos que señaló, pedía a los Estados que recomendaran al gobierno cubano «liberar a las personas privadas de libertad por motivos políticos que han sido detenidas en razón del ejercicio de la libertad de expresión y prensa, la defensa de derechos humanos».

Algunas de las recomendaciones realizadas por estas organizaciones, entre las que se encuentra Article 19, Pen International y el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, son semejantes a las recibidas en las anteriores ediciones del EPU.

Hay una que se repite desde el surgimiento del mecanismo en 2009: «Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales».

Cuba, en efecto, firmó ambos tratados, que son dos instrumentos internacionales esenciales para la protección de los derechos humanos como indican sus nombres, pero no los ha ratificado. Tampoco ha firmado ni ratificado los protocolos facultativos de estos tratados, que son normas adicionales para regular la posibilidad de hacer denuncias individuales en instancias de Naciones Unidas, después de haber agotado las vías que ofrece cada país para impartir justicia.

¿Cuál es la diferencia entre firmar y ratificar? Firmar implica una declaración de principios y es un paso muy relevante, pero ratificar sería aceptar el paquete completo y ajustar la legislación nacional y la praxis jurídica a ser coherentes con el tratado. Es una decisión que obliga, hasta cierto punto.

No obstante, Cuba no es el único Estado que ha evitado ratificar algunos de estos pactos internacionales. Incluso algunos Estados muy influyentes siguen dando largas a la ratificación. Evadir esa responsabilidad siempre revela una relación problemática con los derechos humanos.

El informe de Naciones Unidas sobre Cuba

El segundo documento utilizado en el EPU es la información reunida por el Grupo de Trabajo en las propias entidades de Naciones Unidas. Lo presenta la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Se arranca con la petición al gobierno cubano de que ratifique los pactos internacionales pendientes y sus protocolos facultativos. La Convención contra la Tortura sí fue ratificada por Cuba, pero se recomienda que ratifique también el protocolo correspondiente para que pueda crearse, vencido este paso, «un sistema de visitas periódicas sin notificación previa».

Con eso mismo propósito, el de verificar la situación de los derechos humanos en el terreno, la Oficina del Alto Comisionado convidó a Cuba en 2018 a cursar una invitación permanente a los relatores independientes de Naciones Unidas y darles acceso pleno al país.

La Constitución de 2019 también es elogiada en el informe, en particular porque la carta magna «incorpora por primera vez la categoría de “derechos humanos”». Sin embargo, una vez más se le solicita a Cuba que cree una institución nacional de derechos humanos. El gobierno no ha declarado tener nada previsto en ese sentido.

El Comité contra la Tortura fue una de las instancias de Naciones Unidas más presentes en el informe. Recomendó por las claras a Cuba «que pusiera término a las prácticas coercitivas en los interrogatorios, como las agresiones, la incomunicación prolongada, el aislamiento, la exposición a cambios bruscos de temperatura y las amenazas».

El Comité también se manifestó preocupado por «el uso prolongado de la prisión provisional», sobre todo en el caso de personas procesadas por razones políticas. Las protestas del 11 de julio de 2021 fueron otro motivo de preocupación para este organismo.

A esa declaración se unió la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien pidió «la liberación de todas las personas detenidas por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica o a la libertad de opinión y de expresión».

El Comité contra la Tortura lamentó asimismo que el delito de «peligrosidad predelictiva» se mantuviera vigente. Debe destacarse que el documento maneja información desactualizada. La aludida figura jurídica realmente desapareció con el nuevo Código Penal aprobado en septiembre 2022. El señalamiento, aunque toma lugar en el presente año, se hace sobre la base de otro informe emitido por el Comité cuya fecha data de junio de 2022, tres meses antes de la renovación del instrumento legal cubano, por tanto, los artículos sobre los que basa su afirmación están en el antiguo Código Penal de 1987.

En adición, la situación de los defensores de derechos humanos, que reportan agresiones y represalias, fue otra de las preocupaciones resaltadas. Ha sido un tema recurrente en todas las ocasiones que Cuba ha sido evaluada. Sobre esto, no hay cambios significativos en la legislación de la Isla.

En otro aspecto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, con una línea semejante a la de los informes del Comité de los Derechos del Niño y a la de la experta independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional, resaltó que «a pesar del bloqueo económico comercial y financiero, Cuba hubiera logrado establecer un sistema universal de educación y de salud». 

«El Comité de los Derechos del Niño y el equipo de las Naciones Unidas en el país observaron los efectos negativos que tenía el bloqueo impuesto a Cuba por los Estados Unidos de América sobre la protección de los derechos humanos», dice el documento.

El discurso de «las partes interesadas»

Organizaciones internacionales o locales, incluso de la sociedad civil, aportan el tercer informe que usa el EPU. Se titula «Resumen de las comunicaciones de las partes interesadas sobre Cuba».

Las partes que simpatizan con el gobierno cubano o integran la sociedad civil autorizada legalmente en Cuba —que tiene un carácter semioficial en la gran mayoría de los casos— por lo general realizan recomendaciones leves encaminadas a profundizar algún derecho ya garantizado.

Por el contrario, otras agrupaciones asociadas a la oposición —que sigue sin tener vías legales para formalizarse en Cuba— tienden a ser muy críticas con señalamientos encaminados precisamente a su falta de garantías para operar con seguridad y participar en la política dentro del país.

El resto son organizaciones internacionales con perspectivas independientes y su enfoque varía en dependencia de su objeto social o afiliación ideológica.

Este registro, compilado por el Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos, insistió en que Cuba debe ratificar los tratados antes mencionados. La Sociedad Cubana de Derecho Internacional recomendó que «se determinara claramente la jerarquía de los tratados internacionales con respecto al derecho interno». Esto último parece ser la razón principal del Estado para no ratificar los pactos ni firmar los protocolos facultativos.

A diferencia del informe presentado por el gobierno, este es bien diverso. Incluyó tanto los comentarios elogiosos como los señalamientos problemáticos.

Después de aplaudir la carta magna de 2019, el resumen manifiesta preocupación, a partir de las valoraciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), «por el hecho de que la nueva Constitución volviera a consagrar un sistema de partido único, ampliara la lista de delitos punibles con la pena de muerte y mantuviera la unidad de poderes».

Sobre las protestas del 11 de julio de 2021, que nunca fueron mencionadas en la comunicación nacional, se atuvo también a las noticias aportadas por la CIDH con evidencias de «graves violaciones». La CIDH es la emisora de numerosas informaciones que ocupan un papel central en el extracto. No obstante, el Estado cubano no reconoce a la competencia de la CIDH para resolver problemas en la Isla, pues dicho organismo está subordinado a la Organización de Estados Americanos (OEA) a la cual Cuba no pertenece, primero porque fue expulsada hace décadas y recientemente por voluntad de su gobierno que prefiere mantenerse fuera.

En contraste, tanto las asociaciones de solidaridad con Cuba como las organizaciones nacionales, como generalidad, enviaron comentarios sobre temas nada polémicos. Un caso que rompe la norma fue la sugerencia de la Asociación Cubana de Producción Animal a que se «continuara trabajando para que las organizaciones de la sociedad civil tengan mayor participación en la formulación y aprobación de leyes y decretos leyes».

Numerosas comunicaciones, dice la relatoría, elogiaron que Cuba garantice el acceso de toda la ciudadanía a la atención de salud. La respuesta del gobierno a la epidemia de Covid-19 también fue aplaudida por varias organizaciones. La salud entendida como un derecho humano ha sido uno de los caballos de batalla de la Isla en este EPU, lo mismo que en los anteriores.

¿Qué significa realmente el EPU de derechos humanos para Cuba?

El Examen Periódico Universal provocó distintas reacciones en la prensa cubana, según la filiación de cada periódico o agencia de noticias que reseñó el evento.

Las declaraciones de algunos activistas políticos indicaban que se disputaba una escaramuza importante en Ginebra. No lo parece, entre otras razones, porque el EPU es posiblemente el único mecanismo universal que pone a los países, sin excusa, ante el cuestionamiento de todos los demás. En este cuarto ciclo, el examen se siente más como una rutina que como una pelea decisiva.

Cuba, en este caso, ya ha venido trabajando sobre observaciones anteriores y tuvo avances que mostrar, lo mismo nuevas leyes, algunas tan avanzadas y exhaustivas como el Código de las Familias, que políticas diseñadas por las autoridades para resolver deudas sociales.

Podrían pensar los que no están familiarizados con la documentación del EPU que el bloqueo, entendido como violación de derechos humanos, es un recurso retórico exclusivo del gobierno cubano. La revisión de los informes derrumba ese prejuicio. Las entidades de Naciones Unidas manejan precisamente el término de bloqueo para referirse a las sanciones de Estados Unidos.

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En varios pasajes del preparado por la Oficina del Alto Comisionado, las organizaciones asumen que el bloqueo es un obstáculo significativo para que los cubanos puedan ejercer sus derechos. El ejemplo de la epidemia de Covid-19 es uno de los más indiscutibles. Cualquiera que revise esa emisión en particular, confirmará que el consenso internacional sobre el bloqueo no es un mito.

En esta edición del examen, el Estado cubano debió responder a un desafío que no tuvo en las anteriores: las protestas del 11 de julio de 2021 y las violaciones de derechos humanos que se cometieron en ese contexto.

Las recomendaciones de liberar a quienes están presos por razones estrictamente políticas, sin haber cometido delitos comunes, o revisar las condenas de quienes cometieron actos delictivos menores a los cargos imputados, significan una presión sobre el gobierno cubano. Sin embargo, este no fue el plato fuerte de los informes.

Naciones Unidas es un universo burocrático. En la documentación generada por el EPU, conviven las observaciones intrascendentes junto a los problemas que nuestro país debería resolver con urgencia.

¿Salió el gobierno cubano victorioso el gobierno cubano del examen? ¿Salió derrotado? Analizarlo en estos términos sería involucrarnos en el juego fatigoso de la polaridad. Como en ocasiones anteriores, salió con recomendaciones. La más recurrente, la más antigua, ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Por ese camino, si el Estado cubano aceptara algún día esa recomendación, tal vez podríamos dejar de tener presos políticos. Hay que aceptar que no lo resolvimos en este cuarto ciclo del EPU y que tampoco lo resolveremos en el quinto ciclo, que está a la vista.

La burocracia va lenta en Ginebra y en La Habana. La gente es quien no puede esperar. Ni los que están presos ni los que viven trabajosamente bajo la violencia de ese bloqueo que también está presente en los informes. El EPU no tiene una respuesta inmediata, el gobierno cubano tampoco. El examen del organismo multilateral sólo diagnostica y señala los derechos humanos conseguidos y los pendientes, toca a la ciudadanía y al gobierno que le debe su mandato exigirlos y hacerlos cumplir.

Anexo: ¿Qué aceptó, qué rechazó y sobre qué ha tomado nota Cuba en los precedentes los Exámenes Periódicos de Derechos Humanos?

Durante los exámenes anteriores Cuba aceptó la mayoría de las recomendaciones realizadas, tomó nota de un grupo más pequeño y rechazó una minoría. El examen que más aceptaciones tuvo fue el del 2013 y el que menos el de 2018. 

Por otro lado, cabe destacar que la mayoría de las recomendaciones aceptadas están encaminadas a continuar, expandir o continuar trabajando en algún derecho ya existente. En mejor medida hay un grupo de recomendaciones aceptadas, algunas de carácter muy general y otras que pueden ir desde el trabajo con comisiones internacionales, la garantía de los derechos de personas privadas de libertad o la igualdad de género. 

A continuación se resumen las recomendaciones realizadas cada año y la actitud que ha tomado Cuba. También se ejemplifican con citas textuales de los informes. 

Primer Examen 2009

Troika: Bosnia y Herzegovina, Gabón y Uruguay

En el primer examen, llevado a cabo en 2009, Cuba aceptó 60 recomendaciones. Algunas de ellas provenían de países aliados y se referían a darle continuidad a acciones ya realizadas (30) o a compartir sus experiencias de buenas prácticas (15).

Otras (15) llamaban a abrir nuevos frentes y a trabajar en aras de ampliar las garantías de derechos humanos. En su mayoría estaban encaminadas a hacer ajustes legislativos, mejorar el acceso a la información o ampliar la cooperación con organismos internacionales.

Asimismo, el Estado cubano decidió tomar nota sobre otras 17 recomendaciones principalmente vinculadas a la ampliación de derechos civiles y políticos, la ratificación y adherencia a tratados internacionales y la aprobación de instrumentos legales en Cuba que garantizaran mejor los derechos humanos.

En adición, el Estado cubano rechazó otras 12 recomendaciones con la justificación de que afectaban la libre determinación del pueblo cubano, y que estaban formuladas sobre la base de distorsiones encaminadas a «destruir el legítimo orden constitucional». La mayoría de estas recomendaciones apostaban por eliminar instrumentos legales que criminalizaban a la oposición y la liberación de presos políticos.

Segundo Examen 2013

Troika: Guatemala, Montenegro y Tailandia

En el examen de 2013 Cuba aceptó 230 recomendaciones, como en el informe anterior, la mayoría (192) relacionadas con continuar, consolidar o ampliar políticas o derechos ya existentes o internacionalizarlas y compartir sus experiencias con otras naciones (7). Ver ejemplos:

Entre las recomendaciones que proponen nuevas acciones (31) se repiten algunas con carácter ambiguo y generalista sin una definición clara de qué medidas tomar, otras abordan problemáticas como los derechos de las personas privadas de libertad, los derechos de reunión, y proponen hacer modificaciones encaminadas a fortalecer objetivos de desarrollo sostenible como la igualdad de género.

Se tomó nota de 42 recomendaciones que, en palabras del informe, «debido a la manera en que algunas de ellas han sido redactadas, no es posible asegurar su cumplimiento por el momento». En estas predominan —otra vez— la preocupación por la situación de los presos políticos, la libertad de expresión y otras garantías jurídicas, y la exhortación a ratificar tratados internacionales.

El Estado cubano rechazó 20 recomendaciones por razones muy similares a las del año anterior, la mayoría vinculadas a permitir investigaciones independientes, cambios en la forma de abordar y reconocer legalmente a la oposición, y la liberación de presos políticos. Algunas otras, como las enmiendas a leyes o la garantía del acceso a Internet, si bien no fueron garantizadas del todo, en los últimos años han tenido mejoras considerables.

Tercer Examen 2018

Troika: Egipto, Nepal y Perú

En el tercer examen de 2018 Cuba aceptó 226 recomendaciones, como sucedió en las anteriores revisiones, predominaron aquellas que proponían continuar, consolidar o fortalecer derechos que los Estados pronunciados asumían como garantizados (178), en menor medida estuvieron presentes aquellas encaminadas a compartir sus experiencias (2).

No obstante, también hubo recomendaciones aceptadas que proponían nuevos cambios, algunos de carácter más general o específicos (46), encaminados principalmente a ampliar el acceso a internet, avanzar en la equidad racial y de género, así como reducir el punitivismo en el tratamiento de la justicia penal, y mejores condiciones para las personas privadas de libertad.

En las recomendaciones anotadas (83) se destacaron aquellas que invitaban a Cuba a ratificar tratados internacionales relacionados con los Derechos Humanos, cooperar con mecanismos de Derechos Humanos independientes, la abolición de la pena de muerte y la reforma de instrumentos jurídicos.

El tercer examen fue el que más recomendaciones rechazadas tuvo (30). Las razones para esto fueron muy similares a las esgrimidas anteriormente. La mayoría de las recomendaciones rechazadas, como también fue tendencia en los ejercicios precedentes, estuvieron vinculadas a ampliar derechos civiles y políticos, reformar instrumentos legales para este fin, así como garantizar libre acceso a la información y la no criminalización de la oposición.