Despoblamiento rural y crisis alimentaria

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La población cubana ha experimentado un proceso acelerado de reconcentración urbana que abarca al menos el período que comienza en la segunda mitad del siglo anterior y llega hasta la actualidad.

El grado de urbanización —medido por el porcentaje de población residiendo en áreas urbanas con relación a la población total— alcanzó a ser 77.1% en el bienio 2021-2022, según lo publicado por la estadística oficial (ONEI-CEPDE, 2023, pág. 18).  

Lo más notable, además, es que en las provincias en las que tradicionalmente se reconoce los mayores niveles de rendimiento agrícola y desarrollo ganadero, la proporción de población urbana ha crecido de manera desmesurada en detrimento de la población rural. En Artemisa, de la subregión conocida como la llanura Habana-Matanzas, por ejemplo, la población urbana alcanzó a ser 68.8% también en el mismo bienio. Y es todavía más significativo que en cinco de sus municipios se registren porcentajes aún mayores de 70% (Mariel, Guanajay, Bauta, Güira de Melena, Artemisa) y que incluso en uno de ellos, Guanajay, sea superior a la media nacional, alcanzando poco más de 81%.

De la misma manera, en la provincia de Mayabeque (también de la misma subregión), el indicador alcanza un mayor nivel promedio, 72%, y donde los municipios Bejucal, Jaruco, Madruga, Nueva Paz, San Nicolás, Güines y Batabanó superan de manera significativa el 70% y la media de la provincia.

En Matanzas, el grado de urbanización, en el bienio 2021-2022 fue aún mayor. El promedio de la provincia fue 83.5%. Tres de sus municipios (Matanzas, Cárdenas y Calimete) alcanzan valores de 91-93%, mientras que Colón, Perico, Jagüey Grande y Pedro Betancourt registraron más de 80% de población urbana, así como Jovellanos, Unión de Reyes y Ciénaga de Zapata están en el entorno de 71-76%.

En la cuenca centro-oriental, en la que se encuentra el eje agro-ganadero fundamental del país, las cifras muestran la misma tendencia de reconcentración de la población.

En la provincia Ciego de Ávila, el porcentaje de población urbano fue 74%, mientras en dos de sus municipios  -Morón y Ciego de Ávila- fue de 93 y 84%, respectivamente.

En Camagüey, el grado de urbanización se situó en 79%, mientras en los municipios Carlos Manuel de Céspedes, Esmeralda, Nuevitas y Guáimaro, estuvo entre 72% y 77%. En el municipio capital provincial, Camagüey, y en el municipio Florida, incluso se elevó a 94% y poco más de 81%, por ese orden. (1 pág. 22).

Entre la «desruralización» y la «descampesinización»

El fenómeno antes descrito da cuenta de un proceso de reconcentración de la población, vía migración rural urbana, en la que los municipios situados en la base del sistema de asentamientos humanos, aquella una vez denominada «Franja de Base», ha sido sin dudas la más afectada, dada la fragilidad reconocida en su poblamiento y donde, paradójicamente, se han localizado históricamente los empleos agropecuarios y en la que la población había disminuido, en el período 1970-1995, su peso relativo de 46.1% a 38.9%. Y todo ello a pesar de concentrar los residentes de los asentamientos urbanos de base, de los asentamientos rurales de 200 y más habitantes, así como los asentamientos rurales de menos habitantes y la población rural dispersa. (Morejón S., Albizu-Campos E., Montes R., León D., & al., 1997, págs. 39-41).

Es en esta franja, hacia 1995, donde se había detectado una dualidad de procesos simultáneos, de sentido contrario: un aumento de la población en los asentamientos urbanos de base, cuyo peso relativo pasó de 6.6% a 13.3%, en paralelo con una reducción de la población en los asentamientos rurales de menos de 200 habitantes y de la población dispersa, en la que se verifica una significativa disminución de su peso relativo de 30.4% a solo 12.9%, debido a un reducción de su población en términos absoluto de habitantes entre 1970 y 1995 (una tasa de -3.42% en 1970-1981 y de -1.62% en 1981-1995), que pasó de ser 2 068 200 en 1970 (30.4%) a 1 414 800 habitantes en 1995 (12.9%), una reducción relativa de 32%, y que fue conducida por el abandono de las personas hacia el estrato urbano de base, en primer lugar, y luego hacia los niveles superiores del sistema de asentamientos del país (Montes R. & al., 1988) (Morejón S., Albizu-Campos E., Montes R., León D., & al., 1997, págs. 42-43).

Lo más notorio de ese éxodo rural es que los migrantes más jóvenes del período de estudio, 1970-1995, eran aquellos que se movieron de la Franja de Base del Sistema de Asentamientos hacia Ciudad de La Habana, una corriente migratoria de rostro preferentemente femenino y de color de piel blanco. (Morejón S., Albizu-Campos E., Montes R., León D., & al., 1997, págs. 73, 76).

Por lo tanto, no es anómala la caída del peso relativo de la zona rural en el país. Proceso que, parafraseando al sociólogo y demógrafo norteamericano Josef Gugler, podría describirse como «un máximo de urbanización y un mínimo de ruralización», en sentido contrario a lo descrito por ese autor en términos de las transformaciones experimentadas por el sector agrario entre 1959 y 1970 (Gugler, 1980). Sea, un agudo proceso de descampesinización basado en un fenómeno de vaciamiento rural, que algunos autores habían empezado a documentar como el «empuje» del crecimiento urbano a costa de la migración rural-urbana (Ebanks, 1998), incluso a pesar de las políticas implementadas para atenuar o retardar esa migración e intentar reducir la primacía de La Habana (Ebanks, 1998, pág. 12).

Pero la dinámica de la distribución espacial de la población ha seguido su propio curso en vista de la adopción de estrategias de sobrevivencia orientadas a la movilidad hacia espacios de mejores condiciones de vida, tanto en términos internos como hacia el exterior. Y esta dinámica se sustenta precisamente en esas transformaciones realizadas en el sector agrario, en cuyo eje central estuvo siempre otorgarles a las formas estatales de organización económica el peso fundamental.

Breve historia del campo cubano tras 1959

Tras las dos consecutivas leyes de Reforma Agraria, de expropiación de la tierra de los propietarios existentes hacia 1959-1960, el 70% de la superficie cultivable pasó a ser propiedad del Estado, mientras desaparecían las diversas instituciones financieras y compañías que otorgaban los créditos necesarios (Nova G., 2009, pág. 45), quedando un reducido número de propietarios privados, llamados «pequeños agricultores», luego estos fueron pasando en su mayoría por un proceso de cooperativización iniciado en 1974, involucró el 56% de la tierra de esos agricultores (Ramírez C., 1988, pág. 4), y fueron luego agrupados en la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) (Nova G., 2009, pág. 45).

Hacia 1967 surgió la iniciativa de crear alrededor de la capital un cordón agropecuario, llamado «Cordón de La Habana», que abastecería a la ciudad de todas sus necesidades de alimentos en no menos de cinco años a partir de la superficie cultivable que rodeaba la ciudad en aquel entonces, ascendentes a unas 2,400 caballerías, equivalentes a 32,160 hectáreas (Fuentes, 1968, pág. 3).

Hacia 1967 surgió la iniciativa de crear alrededor de la capital un cordón agropecuario, que abastecería a la ciudad de todas sus necesidades de alimentos.

Para eso se preveía la movilización de 500,000 habaneros para la siembra de 50 millones de cafetos, 3 millones de árboles frutales, 1 millón de cítricos, 2.5 millones de árboles maderables, 1 millón de especies ornamentales y 14 millones de plantas de frijol gandul.

Construcción de 80 presas (150 millones de m³), de ellas 7 construidas ya en 1968 con capacidad de 400,000 m³ (Fuentes, 1968, págs. 10-12), sobre la base del desbroce de esa superficie partiendo de la utilización intensiva del equipamiento de la «Brigada Invasora de Maquinarias Che Guevara» y la ulterior preparación de los suelos disponibles para la siembra de la campaña de primavera, incluyendo un plan de desarrollo ganadero, y considerándose que ya hacia finales de 1969 se habría logrado sembrar el 95% de lo previsto, con la intención de crear un espacio productivo propio que permitiera ahorrar los costos de transportación del traslado hacia la capital de esa producción y, de ser exitoso el proyecto, este se replicaría en Santiago de Cuba (Redacción, 2022). Las consecuencias de todo ello y su fracaso son harto conocidas y han sido documentadas en detalle por otros autores.

En el bienio 1969-1970, las autoridades comprometieron importantes recursos materiales y humanos en la consecución de una zafra azucarera en que se lograran producir 10 millones de toneladas de azúcar   (Castro R., 1969) (Castro R., 1969), que serían destinadas, en una proporción importante, a la exportación y mejoramiento de la situación financiera del país, y sobre la base de la demolición extensiva de grandes cantidades de otros cultivos y tierras para la siembra de caña, la movilización de la mayor cantidad de personas posibles, incluyendo la posposición de las fiestas por los días feriados de fin de año y la participación masiva de todas las personas movilizables y del personal de las fuerzas armadas (Castro R., 1969) (Castro R., 1969) (Castro R., 1969).

Las autoridades comprometieron importantes recursos materiales y humanos en que se lograran producir 10 millones de toneladas de azúcar.

Del fracaso de este esfuerzo se ha escrito también profusamente, partiendo incluso del reconocimiento de las propias autoridades (Castro R., 1970). A pesar de la paralización virtual del resto de las actividades económicas del país, de los 10 millones de toneladas de azúcar, sólo se alcanzaron a producir 8.5 millones, cuando la zafra se dio por concluida hacia julio de 1970. Una concentración de fuerzas en una sola actividad que distorsionó la economía cubana (Furió, 2015).

Sobre todo a partir de 1975 (Nova G., 2009, pág. 46), se decidió reforzar lo que se dio en llamar el «Movimiento Cooperativista», mediante el cual, y sobre la base de «ir a la búsqueda de formas superiores de producción» en el sector agrario, se pasó a la entrega/venta de tierras de aquellos propietarios, «pequeños agricultores», que habían sido beneficiados por las leyes de Reforma Agraria, dando paso a la formación de las Cooperativas de Producción Agropecuarias y de Créditos y Servicios.

Todo el movimiento posterior y la organización empresarial en la agricultura cubana obedecieron a una política agrícola basada en el principio de la es­tatización de la tierra (82 % de la tierra total estatal) hasta 1993. El resultado de esta política, a pesar de los avances productivos iniciales, termina desembocando en un estancamiento de la producción general de alimentos, como de la producción per cápita hacia el quinquenio 1986-1990 (Nova G., 2009, pág. 46).

La transformación del campo y el desmontaje del sector azucarero

Hacia octubre de 1993, las autoridades del país deciden dar inicio a un proceso de trasformación estructural en el agro cubano, a partir del sector agrícola cañero: la creación de las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), sobre la base de las antiguas empresas agrícolas estatales —de altos niveles de insumos procedentes de los países socialistas y de notable agotamiento como modelo productivo—, dado el gigantismo de su extensión y acumulación de recursos, convirtiendo a los colectivos laborales sujetos a las condiciones anteriores de uso y tenencia estatal, en «propietarios» colectivos, bajo condiciones de usufructo indefinido, sin pago de renta y a quienes les fueron vendidos el resto de los medios de producción de sus antiguas empresas.

El 21 de octubre de 2002, se anuncia de manera oficial el inicio del programa de restructuración y redimensionamiento de la industria azucarera (Castro R., 2002). A partir de la selección de 71 centrales azucareros, de los 155 existentes en ese momento, y otros 14 centrales mieleros para garantizar la producción de miel enriquecida, 85 en total, se decide la «desactivación» de 70 centrales, considerados «descartables», conformados por 50 que de facto habían estado paralizados en zafras precedentes, más otros 20, que tampoco podían garantizar continuar produciendo a un «costo por debajo, incluso, de los cuatro centavos» (Castro R., 2002) por libra de azúcar.

Se decide la «desactivación» de 70 centrales, considerados «descartables», conformados por 50 que de facto habían estado paralizados en zafras precedentes.

Todo ello se hizo, a pesar de los claros ejemplos de otros países como México, la India, Brasil, que mostraban con claridad los efectos en beneficios del llamado «shifting» entre alcohol y azúcar en dependencia del comportamiento de los precios en los mercados internacionales de esos productos.

El impacto en la fuerza de trabajo fue el desplazamiento de casi 100,000 trabajadores azucareros hacia otras actividades, notablemente su enrolamiento en programas de estudio/superación. Al decir de la socióloga cubana Luisa Íñiguez Rojas «Diversas investigaciones han comprobado un retraso relativo más intenso en estos municipios, expresado entre otros componentes más cuantificables por indicadores demográficos desfavorables, como la emigración y la constatación de disminución absoluta (no relativa) de población» (Íñiguez R., 2010, pág. 133).

Mientras, los efectos positivos de tal medida aún siguen esperándose, en contraposición al desmontaje no sólo de la industria principal del país, sino de la base del denominado Complejo Agro-industrial Azucarero, cuya desarticulación fue el efecto «primario», aún no recuperable, de la desactivación de los centrales de los que dependía su producción.

La «drástica reducción de la disponibilidad de recursos y de estímulos a los productores, tuvieron repercusiones desfavorables en la producción, los rendimientos y en la producción de azúcar» (Nova G., 2006), así como en la contracción y virtual desaparición de un sinnúmero de actividades industriales (Alimentación, Producción a partir de derivados -Tableros de bagazo, sorbitol, mieles y alcoholes, etc.-, Energía, Químico-Farmacéutica, …) (Nova G., 2022) que integraban hasta ese entonces el Complejo y cuya consecuencia demográfica, casi inmediata, fue la aceleración del proceso de vaciamiento rural, de larga data, al menos desde la década de 1970, cuando las ciudades principales y capitales de provincia alcanzaron definitivamente protagonismo como «centros económicos, sociales y políticos de sus territorios» (Franco P., 1991, pág. 9) y en la zona rural del país se acumulaba ya una franca reducción, en términos absolutos, de la población (Oliveros B., 2010).

El sector agroalimentario cubano hoy

Véase en la siguiente gráfica la reducida prioridad otorgada a las inversiones agrícolas, lo cual explica el significativo grado de descapitalización del sector. Es de esperar entonces que, con la cada vez más disminuida fuerza laboral, el país tenga que seguir importando alimentos hasta el nivel que permitan sus finanzas externas, para mantener cierto nivel de prestación de bienes asignados a la canasta básica y la satisfacción de las necesidades primarias asociadas a la alimentación.

Con este panorama, no es de extrañar las declaraciones emitidas por las autoridades del país en el Pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en el sentido de que se ha aprobado y promulgado un cuerpo legislativo constituido por «una Ley de Soberanía Alimentaria, y no hay alimentos; […] una Ley de Fomento Ganadero, y no hay ganado; y […] una Ley de Pesca, y no hay pescado«, mientras «más de 380 mil hectáreas de tierra permanecen ociosas» (Díaz-Canel, M., 12/diciembre/2022), elemento que coadyuva a acentuar dos fenómenos que marcan el panorama alimentario del país: una sostenida y galopante crisis en la producción nacional de alimentos y la casi completa dependencia de las importaciones para garantizar la alimentación de la población, que se «ha mantenido por encima de los 2200 millones de dólares estadounidenses desde 2018» (Anaya C. & García A., 2023, pág. 69).

Como muestra de ello, en ese mismo espacio se ofrecieron cifras sobre la producción de carne porcina en una provincia otrora líder en la producción de ese rubro, Sancti Spíritus, que refleja que si en 2021 la producción alcanzó las 4,000 toneladas de carne de cerdo; entre enero y septiembre de 2022 sólo se habían logrado 600 toneladas, intentándose alcanzar las 1,500 toneladas antes de finalizar ese año, equivalentes a la producción de sólo un mes en 2018. Todo ello según la Empresa Provincial Porcina de ese territorio, en un contexto en el que Cuba perdió el 90% de los productores porcinos entre 2018 y 2022 (Muñoz Lima, 2023). La disponibilidad de ciertos alimentos o grupos de alimentos se ha reducido notablemente de 2016 a 2022: arroz, -21 %; frijol, -24 %; viandas, -26 %; carne de cerdo, -44 %; huevos, -11 %; leche, -39 %; aceite, -31%; carne de res, -2%; y harina de trigo, -25 % (Anaya C. & García A., 2023, pág. 69).

Mientras, además de la sostenida distorsión en la estructura de las inversiones que afecta particularmente al sector, en 2023, la agricultura solamente había recibido el 40% del combustible, el 4% de los fertilizantes y el 20% del alimento animal que necesita. Ello muestra indudablemente «una evidente distancia entre los propósitos plasmados en la Conceptualización y el resto de los documentos rectores y la satisfacción de las necesidades alimentarias de la población y, sobre todo, no existe una ruta crítica efectiva para corregir esta distorsión en el corto plazo» (Anaya C. & García A., 2023, pág. 72).

¿Y la población? Una lección necesaria

En ese contexto de inseguridad alimentaria, la marca distintiva es la combinación entre al menos cuatro factores: el fuerte desabastecimiento (antes comentado), la devaluación monetaria; la caída de la capacidad de importación debido a la contracción de los ingresos provenientes de sectores claves, notablemente el turismo; y el despoblamiento rural, ya visto.

La población tiene que lidiar con un aumento explosivo de los precios, dado un aumento del índice de precios al consumidor, que en enero de 2024, fue de 363.83% con relación a 2010, mientras la reducción de sectores claves como el turístico, que apenas alcanza la mitad de lo registrado en 2019 (Muñoz Lima, 2023), ha conducido a una disminución de los ingresos en moneda libremente convertible y consecuentemente, de la capacidad de importación del país —el país adquiere el 80% de los alimentos—, en tanto ha experimentado una disminución que ha tenido claros efectos sobre la situación alimentaria de la población y ha reforzado la imposibilidad de satisfacer la demanda con la producción nacional (Redacción OnCuba, 2023), llevando a un escenario de inseguridad alimentaria.

La inflación se desacelera, pero el costo de la vida sigue creciendo

Sin embargo, en al menos a lo que se le ha dado en consultar a este autor, ningún documento de política o rectores de las medidas implementadas para abordar este tema; e incluso a nivel académico, es posible encontrar un análisis comprehensivo de la situación actual de despoblamiento rural y la crisis en el sector agrario, y mucho menos sobre el problema de la no realización de la propiedad de la tierra y el desaprovechamiento del suelo por parte de las empresas estatales agrícolas, que se encuentran en la base de ese despoblamiento y de la contracción de la producción.

Es común encontrar declaraciones o incluso análisis sobre la «escasez de la fuerza de trabajo» (PCC, 2017, p. 21) disponible para la actividad agrícola en un contexto de descapitalización y de baja penetración tecnológica en un sector en el que normalmente se esperaría, entonces, una absorción de grandes contingentes de trabajadores.

Pero mientras que la reconstrucción del tejido demográfico y social en la base del sistema de asentamientos humanos en el país no se convierta en una prioridad real de la política, el vaciamiento rural seguirá marcando de manera decisiva el rostro de la actual crisis alimentaria que padece la población.

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Referencias

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