Hacemos Cuba: ¿por qué aumenta el crimen en la sociedad cubana?

Este 13 de febrero la televisión cubana retomó la salida al aire del programa Hacemos Cuba, que regresará de forma habitual a las pantallas los miércoles alternos al concluir la emisión estelar del Noticiero de la Televisión Cubana. 

Con la conducción de Humberto López, el espacio que se hizo célebre por denunciar actos violentos financiados desde el exterior como por desacreditar a figuras y grupos opositores, a partir de ahora se centrará en el «combate popular contra las indisciplinas sociales e ilegalidades».

En esta ocasión contó con la presencia de Alina Montesino Li, vicefiscal general de la República; el coronel Hugo Morales Karell, segundo jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria, y Reynol Pérez Fonticoba, vicecontralor general de la República.

El coronel Hugo Morales Karell aseguró que no hay impunidad a la acción delictiva por parte de los comisores, gracias al trabajo conjunto del Ministerio del Interior con el resto de las organizaciones políticas y de masas.

Por su parte, la vicefiscal general de la República declaró que Fiscalía asume una mayor exigencia en el cumplimiento de la ley por todos los órganos del Estado, las entidades y los ciudadanos. Ante las denuncias de la población por infracciones de la ley en las entidades económicas, se incrementó  «el control de la investigación penal» y «la severidad en la solicitud de medidas cautelares en los ilícitos penales, especialmente de la prisión provisional y en la solicitud de penas de internamiento».

Según las cifras presentadas en el programa, durante el año 2023 la Fiscalía recibió 627 denuncias de la población, que manifestaban infracciones que se estaban cometiendo en entidades económicas. En el 58,8% se determinó que, en todo o en parte, les asistió la razón a los promoventes y «aseguró» con prisión provisional al 73% de las personas presuntamente responsables de cometer crimen.

Se «aseguró» con prisión provisional al 73% de los presuntamente responsables de cometer delito. El 89,5% de las sanciones interesadas por los fiscales implicaron el internamiento.

De ellos, 91% en delitos asociados a la violencia y las drogas; 90% en hechos de corrupción; 87% en hechos que afectan al sistema electroenergético; 84% proxenetismo; 83% combustible; 81% medicamentos; 79% en delitos contra el ganado. Estas cifras elevadas corresponden a las modalidades de mayor lesividad social.

El 89,5% de las sanciones interesadas por los fiscales implicaron el internamiento de los implicados. Superan este porciento las sanciones para los casos de violencia, drogas, corrupción, combustible, proxenetismo, contra el ganado mayor, entre otros.

En el caso de la Contraloría, Reynol Pérez Fonticoba, vicecontralor general de la República expresó que la atención a quejas y peticiones de la población se reciben de forma presencial en cada una de las contralorías provinciales y de las secciones radicadas en algunos territorios, así como en la General.  

¿Por qué aumenta el crimen?

Ante la pregunta sobre por qué entonces suceden delitos como el robo de las toneladas de pollo, el vicecontralor respondió que cuando ocurren hechos de esa naturaleza y magnitud han estado manifestándose durante un largo periodo de tiempo. «No se establecen adecuados sistemas de control interno, falta exigencia administrativa, prolifera la indisciplina y en algunos momentos la concertación para delinquir y apropiarse de esos recursos»

«Descontrol e ineficacia», sentenció el coronel Hugo Morales para referirse a la realidad de que en lugares con recursos sensibles para la población existe en muchas ocasiones descontrol por parte de las administraciones en cuanto a la custodia de estos bienes. Para ello, «es necesario la denuncia temprana que garantice una respuesta inmediata de los órganos policiales», añadió.  

En consonancia, «la responsabilidad colateral de las personas que están en el nivel jerárquico superior no se ha aplicado», reconoció el vicecontralor Pérez Fonticoba.    

Opinamos que en el escenario de crisis socioeconómica actual que vive Cuba no es suficiente apelar a la implementación de sistemas de control y a la exigencia administrativa para evitarlos, mucho menos regodearse en respuestas punitivistas que apuestan por la cárcel como la solución mágica al problema.

En el escenario de crisis socioeconómica actual que vive Cuba no es suficiente apelar a la implementación de sistemas de control y a la exigencia administrativa para evitarlos.

La relación entre la pobreza, desigualdad, marginación y delincuencia ha sido probada por múltiples estudios a nivel internacional. En un debate realizado por la revista cubana Temas en 2021 la socióloga Rosa Campoalegre se refirió a tres ejes imprescindibles a tener en cuenta para la diminución del crimen:

1. «la calidad de la educación, especialmente de la educación en valores dentro y fuera de la Escuela»
2. «las políticas sociales en clave interseccional que tomen en consideración las variables determinantes en la matriz de desigualdad social: color de la piel, género generación, territorio, situación migratoria, tipo de familias, entre otros»
3. «el mejoramiento de las condiciones de vida de la población»

Con una inflación que ha logrado minar completamente la capacidad de compra de los salarios, el desabastecimiento de productos de primera necesidad en tiendas estatales en moneda nacional y su altísimo costo en el sector privado, la reducción de la canasta familiar normada, y la comercialización informal naturalizada de servicios e insumos asociados las conquistas históricas de la salud y la educación, se hace evidente el empobrecimiento de sectores que hoy están vulnerabilizados como nunca antes desde 1959 hasta la fecha.

Instamos al programa a hacer preguntas más complejas que vayan a las causas estructurales que provocan el delito y la corrupción. ¿Qué papel juega hoy el trabajo asalariado en la reproducción de la vida de los cubanos? ¿Qué efectividad real han tenido las políticas de «atención a vulnerables» para lograr sacar a las personas de la pobreza? ¿Quién pone a los corruptos a ocupar puestos de dirección? ¿Qué responsabilidad tienen las máximas instancias estatales en estos hechos delictivos?

Si bien es positivo que los medios estatales aborden una problemática de gran preocupación para la ciudadanía, como lo es el incremento del crimen, se debe tener sumo cuidado en no caer en posiciones clasistas y punitivistas que reproducen el dogma neoliberal tan extendido en Latinoamérica de que «quien delinque lo hace porque quiere o porque no le gusta trabajar».