Era el 15 de noviembre de 2023, sesión 44 y cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de la ONU, donde Estados-parte de la ONU hacen recomendaciones específicas de acciones a tomar, basándose en una serie de reportes sobre la situación del país en esta cuestión.Presidían la sesión Argentina, Benín y Nepal.

El EPU es un mecanismo de derechos humanos del Consejo de Derechos Humanos (CDH), creado por mandato de la resolución 60/251.1 (párrafo f) de la Asamblea General de la ONU, y establecido el 18 de junio de 2007, en la resolución 5/1 del CDH.

De acuerdo a su resolución fundacional, el CDH, y por tanto el EPU, tienen como principio base «asegurar objetividad y no selectividad en la consideración de los derechos humanos (…) [así como] la eliminación (para su tratamiento) de dobles estándares y politización».

La misión del EPU no es sencilla: revisar el cumplimiento, por parte de los 193 Estados Miembros de la ONU, de sus obligaciones y compromisos en derechos humanos.Sus sesiones son presididas por un Grupo de Trabajo que se reúne tres veces al año, en encuentros de tres semanas. Cada país es examinado cada 4,5 años; estos periodos se denominan «ciclos».

Los cuatro ciclos del EPU a los que Cuba se ha sometido tuvieron lugar en febrero de 2009, mayo de 2013, mayo de 2018, y noviembre de 2023, respectivamente.

Los informes del Alto Comisionado

Para la realización del examen en Ginebra del EPU se toman como fuentes de información tres informes distintos: el Informe del Alto Comisionado, el Informe Nacional y el Resumen de las Partes Interesadas.

El Informe del Alto Comisionado consiste en un reporte con información relevante de Órganos de Tratados, expertos independientes, Relatores Especiales y agencias de la ONU.

Estas relatorías mantienen una estructura relativamente homogénea. Los temas que aborda incluyen la participación del país analizado en tratados y convenios internacionales, el marco nacional de los derechos humanos, y el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en revisión, entre otros.

Su estructura no es tan estricta como para impedir variaciones en el espacio de texto que se le dedica a cada tema, aunque sí debe respetarse un marco común. Los escritos tienen una estructura base, pero tanto los temas específicos como el espacio que se les dedica a ellos —medido en cantidad de palabras— varían por diversos factores.

Los informes han mantenido a los derechos civiles y políticos como el área de mayor peso a lo largo de los cuatro ciclos —representando un 33,9% del total de los Informes—. Por otro lado, los derechos económicos, sociales y culturales suelen mantenerse en segunda posición —en un 18,3%— y el marco general para la aplicación en tercera —siendo un 12,2%—, excepto en el segundo ciclo, cuando invirtieron el orden.

En el cuarto ciclo, de las 10 categorías de derechos humanos, es posible observar un crecimiento en cuanto a extensión de palabras (249 como promedio) en 6 de ellas, con respecto al anterior.

Notorio es que en este cuarto ciclo, áreas no diferenciadas en el informe del ciclo anterior, como son los casos de los derechos específicos de las personas LBGTIQ+ y los de las personas con discapacidades, aparecen aquí contempladas de forma independiente, mientras que en relatorías anteriores estaban dentro de categorías más generales.

Informe Nacional del país

El segundo documento clave para el EPU es el Informe Nacional del país, con información detallada sobre cómo ha cumplido sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

De acuerdo a las guías generales del CDH, los Informes Nacionales deben contener una descripción de la metodología empleada y del proceso de consulta con la sociedad civil; una relación del contexto nacional para la protección y ejercicio de los derechos humanos; los progresos en la implementación de las obligaciones internacionales en derechos humanos; la identificación de logros, mejores prácticas, retos y limitaciones; y las prioridades nacionales claves, iniciativas y compromisos.

El Informe Nacional de Cuba suele respetar la estructura planteada en las guías generales, si bien la ejecuta de tal forma que siempre haya un espacio para la denuncia al bloqueo y la insistencia en la soberanía y autodeterminación de Cuba como nación. Este acápite puede quedar dentro de las limitaciones a la protección de los derechos humanos, como en el segundo ciclo, o como parte del marco jurídico e institucional, siendo el caso del Informe del cuarto ciclo.

En general, el informe cubano ha dado prioridad a los derechos económicos, sociales y culturales, que suelen mantenerse en primera o segunda posición. Dentro de esta categoría, se mencionan con especial peso los derechos históricos consagrados por la Revolución, como la salud, la educación y el trabajo.

Resulta interesante cómo el marco general para la aplicación, que contempla fundamentalmente el aparato legal, institucional y de cooperación de los derechos humanos, también suele estar entre las tres primeras posiciones.

Por ejemplo, una lectura más cercana del informe de Cuba en el cuarto ciclo muestra que los acápites Nueva Constitución de la República, 2019 y Otras normas relevantes, ambos sobre el sistema legal y jurídico del país, suman juntos cerca del 11% de todo el documento. Esto se explica con qué Cuba tiende a presentar su sistema legal y político como la principal garantía para el respeto y protección de los derechos humanos en el país.

Las otras partes del EPU

Formalmente, el último paso del EPU es el seguimiento e implementación de las recomendaciones. La ya mentada Resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos (CDH) alienta a los países a implementar por completo los documentos de recomendaciones del EPU.

El número de recomendaciones generalmente depende del nivel de interés de otros países de la ONU y ONGs con respecto al país a revisión. Cuba es el país de Latinoamérica y el Caribe con mayor volumen de recomendaciones. Solo como referencia, los países con mayor volumen por región son, respectivamente, Egipto (África), China (Asia-Pacifico), Estados Unidos (Países Occidentales) y Rusia (Europa del Este).

A nivel internacional, según la Resolución, las recomendaciones aceptadas deben de ser implementadas por el gobierno del país a revisión, con el involucramiento activo de las partes interesadas, aunque esto no siempre ocurre, ni en el caso cubano, ni en otros a nivel global.

Existen diferentes reportes al respecto, pero, por lo general, puede afirmarse que las recomendaciones del EPU llevan a acciones específicas para su cumplimiento en tres cuartas partes de su total.

Por último, para el EPU se presenta un Resumen de Comunicaciones de Partes Interesadas, consistente en un reporte sumario de «información confiable y creíble» de ONGs.

Para hacer este análisis, clasificamos a las Partes Interesadas en cinco tipos distintos y reconocibles:

1. Organizaciones de la sociedad civil cubana —con registro legal o no— reconocidas por el Estado Cubano; son de muy variado espectro (FMC, CTC, la Sociedad Cubana de Criadores de Búfalos, La Tizza…).
2. Organizaciones de la sociedad civil cubana —dentro y fuera del país— no reconocidas como interlocutoras por el Estado cubano (Cubalex, Rialta, 4Metrica…).
3. Organizaciones internacionales asociadas explícitamente con el Movimiento de Solidaridad con Cuba (Asociaciones de Amistad, Asociaciones de Solidaridad con, Secciones de la Sociedad Cultural José Martí, y ONGs cuyo contenido y métodos de trabajo se asocian directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto de Amistad con los Pueblos…), o cuyo discurso está alineado al que emplea el Estado cubano en su documentacion para el EPU.
4. Organizaciones internacionales de derechos humanos (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina…).
5. Otras organizaciones internacionales, no directamente relacionada con el tema de los derechos humanos (Madres de Plaza de Mayo, la Asociación de Trabajadores de Farmacia de Epiro, CIVICUS…)

En el cuarto ciclo, participaron de la sociedad civil cubana reconocida por el Estado Cubano 122 organizaciones (24.4%); de la sociedad civil no reconocida por el Estado Cubano, 72 organizaciones (14.4%); de organizaciones internacionales asociadas explícitamente con el Movimiento de Solidaridad con Cuba, unas 110 (22.0%); de las organizaciones internacionales de derechos humanos, 31 (6.19%); y 166 (33.1%), consideradas como otras organizaciones internacionales.

Las organizaciones de la sociedad civil reconocidas por el Estado cubano y las del movimiento de solidaridad con Cuba suelen constituir el grueso de las firmantes, a lo largo de los cuatro ciclos. Sin embargo, esta preponderancia ha ido a la baja, pasando de un total conjunto de 362 (para un 77,5 %) en el Primer Ciclo, su punto más alto, a un 232 (para un 46,3%) en el cuarto ciclo.

La sociedad civil no alineada al Estado cubano, en cambio, ha experimentado un crecimiento constante, pasando de estar prácticamente ausente en el Primer Ciclo a incluir 72 organizaciones firmantes (para un modesto 14,4%) en el cuarto ciclo.

La participación mediante uno u otro tipo de comunicaciones varía en dependencia de la tipología de organización. Las organizaciones de la sociedad civil cubana no reconocidas por el Estado son quienes muestran una marcada participación mediante comunicaciones conjuntas; el 85.8% de estas aparece como firmante de al menos una comunicación conjunta. En el extremo contrario, las organizaciones directamente vinculadas con el Movimiento de Amistad con Cuba participan en un 92.3% de los casos como firmantes individuales.

Las recomendaciones

Los países pueden hacer dos cosas con las recomendaciones que les hacen: aceptarlas, o tomar nota. Lo primero se considera como un compromiso formal ante la comunidad internacional, que puede ser monitoreado, rastreado y exigido; lo segundo, no. Si bien formalmente no se supone que los países rechacen directamente recomendaciones, dado que la ONU alienta a que sean todas implementadas, en la práctica es un hábito común. No es exclusivo de una región o un corte político.

Cuba suele rechazar recomendaciones alegando motivos de orden interno o seguridad nacional o incompatibilidad con su sistema político. Al finalizar su cuarto EPU, el embajador cubano ante la ONU, Juan Antonio Quintanilla Román, dijo que había un «grupo» de recomendaciones —según reportes preliminares, la mayoría— que por su carácter «cuestionan el orden constitucional y legal refrendado por la abrumadora mayoría del pueblo, se sustentan en prejuicios y pretenden hegemonías ideológicas».

En total, durante sus primeros tres ciclos del EPU, Cuba ha recibido 720 recomendaciones. De ellas, no ha aceptado 141. De las que, por adición, ha rechazado de manera directa, las más han sido pertenecientes a las categorías «Derecho de reunión pacífica», con 22; «Reservas», con 32, y «Libertad de opinión, expresión y derecho al acceso de la información», con 45.

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Como ya se apuntó, los tres documentos son resultado de procesos complejos, y por lo mismo susceptibles de verse afectados tanto por los intereses y objetivos de sus emisores, como por los mecanismos que se emplean para recopilar y transmitir la información que en ellos aparece.

Estas mediaciones influyen en el espacio que se le dedica a cada tema. En general, los tres documentos dan un peso considerable a los derechos civiles y políticos, estando esta categoría en primera posición excepto en el Informe Nacional de Cuba donde ocupa la segunda posición. Relevancia similar se le otorga a los derechos económicos, sociales y culturales.

Un acercamiento mucho más pormenorizado, a nivel de términos, muestra también matices de un texto a otro: por ejemplo, libertad es una de las palabras más mencionadas de los tres documentos en la categoría derechos civiles y políticos, si bien hay diferencias notables entre sus frecuencias, con la más baja en el informe cubano (49 menciones en el Informes del Alto Comisionado, 27 en el Informe Nacional de Cuba y 56 en el Resumen de las Partes Interesadas). Libertad aparece mencionada en especial en cuanto a los derechos de libertad de expresión, reunión pacífica, prensa, etc.

En los Informes del Alto Comisionado, tortura aparece mencionada 30 veces dentro de la misma categoría de derechos civiles y políticos, más de la mitad (54%) de las menciones que se hace de este término, en estos documentos.

Los documentos emitidos por el Alto Comisionado son, de hecho, los que más menciones hacen a tortura, siendo el octavo término más frecuente entre los cuatro ciclos, con 55 ocurrencias. Por contraste, en los Resumen de las Partes Interesadas solo parece 17 veces, mientras que los Informe Nacional de Cuba solo 5.

Su presencia puede explicarse como parte de las referencias a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo facultativo, de su órgano de tratado (el Comité contra la Tortura), o como sujeto de mención.

Otro vocablo cuyo uso varía considerablemente de un texto a otro, si bien no de forma tan marcada, es salud: este ocupa la posición número 20 en el Informe del Alto Comisionado, la séptima en el Informe Nacional de Cuba y la decimocuarta en el Resumen de las partes. Esta frecuencia se entiende por lo ya visto sobre la relevancia que le da Cuba a los derechos económicos, sociales y culturales en sus informes, en especial aquellos que son considerados «conquistas de la Revolución».

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Pudiera resumirse de manera general, como conclusiones, que Cuba tiende a hablar de derechos «consagrados» al mismo tiempo que señala a su sistema legal y político como una de las principales garantías de los derechos humanos en el país… Además, pudiera decirse que los derechos civiles y políticos son un área de gran relevancia en todos los documentos. Por último, el carácter heterogéneo de las partes interesadas hace complejo analizar los Resumen de las Partes como textos, pues la diferencia de intereses, puntos de vista y enfoques afecta el uso de palabras de un tema a otro y de un ciclo a otro, si bien se mantiene a los derechos civiles y políticos como el área de mayor peso.