¿Por qué Cuba necesita una amnistía? Que no te hagan un Robles

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Cuba necesita una amnistía. Una amnistía no resolvería con una varita mágica la precariedad del cubano de a pie. No haría desaparecer de un tirón las insatisfacciones en materia política de la población. No daría paso a una sociedad más democrática al instante, pero sí sería un granito de justicia, para hablar de reparación.

Una amnistía es la ley mediante la cual las autoridades de un país perdonan u olvidan la perpetración de delitos. Se da en el contexto de actividades políticas y se trata de una medida extraordinaria que solo suele aplicarse en situaciones de conflicto social generalizado.

La Constitución de la República de Cuba designa en su Capítulo III, artículo 108, inciso u, que es una de las funciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular conceder amnistías. Mientras, el artículo 128 explicita también en su inciso u, que es una función del Presidente de la República «conceder indultos y solicitar a la Asamblea Nacional del Poder Popular la concesión de amnistías».

En 1978 el gobierno cubano comenzó un proceso de diálogo que cambió radicalmente la relación con la migración y como resultado permitió a los sancionados por delitos contra la seguridad del Estado, es decir, a los presos políticos, reunirse con sus familiares en el exterior.

En el caso de la Primavera Negra también hubo un proceso de liberación de presos políticos, tras la negociación del gobierno de Raúl Castro con la Iglesia Católica. Gracias a este acuerdo, durante 2010 se liberó a los condenados a cambio de su exilio y en 2011 se terminó la condena de los que habían renunciado a salir de Cuba.

El 19 de enero de 2024, al menos 34 familiares de presos políticos enviaron una carta a Ana Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, pidiendo una Ley de Amnistía. La carta cuenta con más de 2300 firmas de cubanos que apoyan la causa.

Los familiares manifiestan haber agotado todas las vías legales para reclamar justicia y explicitan que: «Esto significa, el reconocimiento de que NO hubo delito en manifestar la voluntad de cambio democrático que expresaron los ciudadanos en las protestas de julio de 2021, así como en las protestas colectivas e individuales que precedieron y prosiguieron a esta fecha histórica, y que se inscriben en un ciclo más amplio que tiene en la libertad, los derechos humanos y la democracia su reclamo común».

Los familiares manifiestan haber agotado todas las vías legales para reclamar justicia.

Para ello, apelan a la Ley No. 131/2019 de Organización y Funcionamiento de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de la República de Cuba, que «otorga a los diputados la potestad para proponer proyectos de ley, y a nosotros el derecho de presentar peticiones, aunque hasta el día de hoy nunca un diputado lo haya hecho». En la carta afirman que han sido objeto de persecución y aseguran que continuarán defendiendo a «quienes no debieron estar un solo día en prisión».

Finalmente, el pasado 12 de febrero la Asamblea Nacional del Poder Popular declaró como improcedente la petición y remitió una notificación a Wilber Aguilar Bravo, uno de los familiares, donde se lee: «Vista y examinada su petición, su tramitación es improcedente».

Desde el 8 de febrero de 2023, se hicieron públicas las negociaciones de la Iglesia Católica con el Estado cubano para una amnistía. El cardenal Beniamino Stella, enviado especial del Papa Francisco, dijo a la prensa que está sobre la mesa de negociaciones el tema y que el Vaticano directamente lo ha tratado con las autoridades cubanas.

En septiembre de 2015, durante el proceso de negociación de relaciones diplomáticas entre Cuba y EEUU, se indultaron a 3 522 presos comunes, en un gesto humanitario que precedió a la visita del Papa Francisco.

Que te hagan un «Robles»

Yindra limpia casas o lava ropa a escondidas de su familia para comprar lo necesario y llenar la bolsa que cada mes le hace llegar a su hijo Luis, en el Combinado del Este. El dolor de tener a un hijo preso la volvió diabética y cardiópata. Le dieron dos isquemias en el proceso. Yindra no debe forzar su cuerpo y la familia se lo tiene prohibido, pero ¿quién, si no ella, va a encargarse de que su hijo no pase hambre?

El viernes 4 de diciembre de 2020, Yindra salió a trabajar como hacía desde hace doce años. Era técnica en la dirección de vivienda de El Salvador, un pueblito de Guantánamo que tras una búsqueda rápida en EcuRed es descrito como «el fruto del esfuerzo, la dedicación, el amor a la Patria y apego al Partido, Fidel y Raúl». Ese viernes, su hijo, Luis Robles, saldría en el boulevard de San Rafael con un cartel que decía «Libertad. No más represión. #Free_Denis». La denuncia pacífica le costó a Robles 5 años de su libertad y en ese punto se difundió entre los cubanos que disienten abiertamente del gobierno, el temor a que te «hagan un Robles».

Yindra, como muchas de las madres de los presos políticos en Cuba, tuvo que dar un vuelco a su vida para defender a su hijo. Dejar su trabajo, su pueblo natal e irse a la capital para estar lo más cerca que pudiera. Tras la detención de Robles pareció que todo se resolvería con una multa de 1 000 pesos amparada en el Decreto 272 que pena a quienes pongan carteles, vallas u anuncios en el espacio público. Sin embargo, cuando ya salía de la estación policial fue detenido y trasladado a la unidad de instrucción de la Seguridad del Estado, Villa Marista. Tras más de un año de prisión provisional lo condenaron a cinco por los delitos de desobediencia y propaganda enemiga.

Yindra cuenta cómo en una de las tantas veces que fue citada por la Seguridad del Estado, un agente le dijo: «Madre, lo que pasa con su hijo es que él estaba en el lugar y momento equivocado. Lo que se realizó con él fue un juicio ejemplarizante». «Fíjate cuán ejemplarizante fue —explica Yindra— que el 11 de julio de 2021 salieron los cubanos en masa a la calle a protestar y ahí está mi hijo cumpliendo cinco años».

Robles se manifestó en un momento convulso. El Movimiento San Isidro (MSI) estaba acuartelado en la casa de Luis Manuel Otero Alcántara en La Habana Vieja, también exigiendo la liberación del rapero Denis Solís, sancionado a 10 meses de prisión por desacato. Seis días después de la manifestación de Robles, fue desarticulada la protesta, y el 27 de noviembre (27N) más de 300 artistas e intelectuales se congregaron frente al Ministerio de Cultura (Mincult) para exigir la liberación de los miembros del MSI y dialogar sobre del acoso a los artistas independientes en Cuba. Entre los manifestantes había personas con nombre y obra reconocida. En el 27N, a nadie le hicieron «un Robles».

Tras más de un año de prisión provisional lo condenaron a cinco por los delitos de desobediencia y propaganda enemiga.

Su caso quedó sepultado en la avalancha que vino después. El Observatorio independiente de detenciones políticas, Justicia 11J, registra en su base de datos un total de 1905 personas detenidas, de las cuales 800 continúan en prisión. El inventario parte del 11 de julio de 2021, e incluye hechos asociados al 11J y otros escenarios de protesta que acontecieron más adelante, como es el caso de las manifestaciones de Nuevitas.

Por su parte, los últimos reportes de medios oficiales —que datan de junio de 2022—  sobre las sanciones a raíz de las protestas del 11j se refieren a 381 personas sancionadas «por delitos de sedición, sabotaje, robo con fuerza, violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos». De estas, 297 fueron privadas de libertad —36 por sedición con condenas entre 5 y 25 años.

En diciembre de 2022 un informe del Estado cubano ante el Comité de los Derechos del Niño recuenta a «488 personas [sancionadas], incluyendo 39 jóvenes con edad entre 16 y 18 años» y describe que «las sanciones de privación de libertad recayeron sobre 383 acusados […] entre ellos 6 jóvenes entre 16 y 18 años». Hasta el momento, no se conoce otra rendición de cuentas oficial sobre el asunto, ni siquiera en el informe presentado en el Examen Periódico Universal en el pasado año.

11J: estigmatización mediática, criterios de selección

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Estuve en el 11J. En ese momento, allí nadie imaginaba que iba a ir preso. Pensé mucho en Robles ese día. Me pregunté incluso ¿cuántas prisiones harían falta para encarcelar a toda esa gente? Días después aprendí una lección: aquello era «un Robles masivo». Fueron más de 1 000 personas detenidas y todavía me pregunto por los criterios de selección.

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El 11J era una danza entre manifestantes y autoridades. Parecía que algo terrible iba a pasar en cualquier momento, pero, al inicio, al menos en el Parque de la Fraternidad, se trataba de masas moviéndose para evitar a la policía que detenía de manera selectiva a quienes les parecían peligrosos. La prensa estatal se ha encargado de resaltar la violencia de los manifestantes, obviando la de los cuerpos policiales. Lo mismo ocurre con buena parte de la prensa opositora, pero a la inversa. Casi nadie se ha puesto a pensar en que las piedras se lanzaron en ambas direcciones: sí; pero si ponemos los hechos en la balanza, no hay ni uno del bando de los contramanifestantes y la policía, preso. Al menos que se sepa.

Cuando el presidente de la República dio la «orden de combate» en televisión nacional el 11J y dijo: «las calles son de los revolucionarios», trazó una línea entre los que apoyaban la Revolución Cubana —reducida discursivamente a un sinónimo mecánico del actual Estado/Gobierno/Partido imperante en la Isla—; y los contrarrevolucionarios, que casualmente eran sujetos pobres, racializados, marginalizados.

Desde ese día, la mayoría de los textos aparecidos en medios estatales han respaldado el discurso que tildaba a los manifestantes de «contrarrevolucionarios», convirtiendo a nivel discursivo en enemigos a quienes ejercían su derecho al descontento y por tanto a la expresión de ese descontento mediante la protesta, en un ejercicio de su ciudadanía.

La mayoría de los textos aparecidos en medios estatales han respaldado el discurso que tildaba a los manifestantes de «contrarrevolucionarios».

Por poner algunos ejemplos, a pocos días del suceso, en un trabajo aparecido en el medio Cubadebate con entrevistas a quienes salieron a frenar las protestas, un testimoniante describe a los manifestantes como «hombres, sin camisa, sin nasobuco, parecían hasta ebrios o drogados», por otro lado se refiere a quienes los enfrentaron como «un grupo de profesores, la mayoría mujeres, junto a algunos estudiantes». El entrevistado también justifica que «tuvimos que defendernos…las piedras que nos tiraban se las devolvíamos». La violencia, por supuesto, en defensa propia, no se habla de contramanifestantes respaldados por las autoridades policiales armadas, algo más que documentado por la prensa extranjera acreditada, las redes sociales y los medios independientes.

En el calor de los acontecimientos del 11J pudiera ser comprensible que la prensa oficial reportara su percepción de los hechos sesgada por la visión de proteger al Estado a toda costa. Pero un año después de lo ocurrido, el mismo espacio publica una entrevista a Michel Torres Corona, el presentador del programa televisivo Con Filo —que surge a raíz de dicho estallido social para denunciar la manipulación mediática contra Cuba— tomada del sitio web Cuba en Resumen; el cuestionario abre con una pregunta que califica a los participantes del 11J como «sectores lumpen sin vinculación laboral o estudiantil y personas confundidas». Si bien Torres Corona en su respuesta aborda someramente las contradicciones que llevaron al estallido social, centra su respuesta en la necesidad de castigar a quienes cometieron hechos vandálicos el 11J y en que las protestas fueron orquestadas desde las redes sociales.

Por su parte, en Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, se encuentran desde artículos de opinión que se refieren a los manifestantes como «ladrones y agresores» y niega las implicaciones políticas de la protesta, hasta otros que tildan al 11J de ser un grupo de «hechos vandálicos» que forman parte de un golpe blando contra Cuba e insisten en que se trata de delincuentes con antecedentes penales.

El 13 de julio de 2021 el Ministerio del Interior (Minint) emite nota reproducida en varios medios de comunicación para «explicar» la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, único fallecido el 11J, baleado por los cuerpos policiales. El texto se refiere a los protagonistas de los disturbios en el barrio La Güinera como «grupos organizados de elementos antisociales y delincuenciales». Asimismo, califica al fallecido como «[un ciudadano] con antecedentes por desacato, hurto y alteración del orden, por lo cual cumplió sanción». En el comunicado hay una ausencia de información pormenorizada sobre las circunstancias específicas en las que falleció el manifestante, afirma que «se investigan las circunstancias de este suceso», pero los resultados de esa «investigación» nunca se hicieron públicos.

Hoy una búsqueda en Google con las palabras Diubis Laurencio Tejeda en los sitios con dominio .cu —en su mayoría controlados por el Estado— puede arrojar 274 resultados[1]; todos reproducen la nota del Minint, pero ninguno ofrece o pide más detalles sobre su muerte. Señalar sus antecedentes penales fue mucho más importante para la prensa estatal cubana que hacer rendir cuentas sobre cómo, quién y por qué acabó su vida.

Aquí solo hay algunos pocos ejemplos, pero materiales similares sobran también en la radio y la televisión. Si bien en otros trabajos se intentó someramente abordar las causas del estallido, en los medios nacionales sobreabundaron justificaciones necesarias para que los manifestantes —entendidos como criminales— fueran todos presos, sin darle voz a ellos para que explicaran lo ocurrido en los hechos, ni las motivaciones que tuvieron para salir a las calles.

¿Quiénes son los contrarrevolucionarios?

El académico cubano Julio César Guanche afirma en el libro Cuba 11J: Perspectivas contrahegemónicas de las protestas sociales que no existe información sobre el perfil de la población carcelaria en Cuba, pero parece estar conformada en su mayoría por negros y mestizos. Por demás, explica que «existen evidencias de criterios policiales de identificación de posibles infractores de la ley que suponen criterios raciales». Al respecto, el intelectual antirracista, Roberto Zurbano, explica: «Si algún sector de la población puede justificar con toda legitimidad su participación en las protestas son estos mismos ciudadanos negros, carentes de un espacio u organización de representación y agencia sociales».

Respecto a la condición de las personas racializadas en Cuba, el historiador cubano Alexander Hall puntualiza en el libro mencionado, que en el año 2019 el 98% de las empresas privadas en Cuba eran propiedad de personas blancas, el 50% de este componente es poseedor además de una cuenta bancaria, contra el 11% de personas negras, y que solamente el 3% de ellos alega haber viajado al extranjero, mientras el 31 % de blancos ha gozado los beneficios de semejante privilegio.

El observatorio de detenciones políticas, Justicia 11J, explicita que, aunque no se ha podido identificar el perfil racial de la totalidad de los manifestantes, se cuenta con una muestra significativa que permite afirmar que a pesar de haber sido detenidas más personas de piel blanca (614), que personas mestizas o afrodescendientes (470), en proporción, un mayor porcentaje de personas de este último grupo permanecen en prisión (246, para un 52%). Por otro lado, el 40 % (250) de las personas blancas permanecía en detención hasta el momento de este registro.

En este punto, teniendo en cuenta quiénes son los manifestantes del 11J y cómo son representados mediáticamente, podemos hablar de criminalización de la protesta y de la pobreza. Por demás, existen diferencias entre la criminalización de los sujetos marginalizados y la de los intelectuales.   

Los intelectuales blancos no van a la cárcel

Las cifras no muestran el impacto real de la criminalización en personas racializadas, por tratarse de un subregistro y porque en el caso de Cuba, la categoría «mestizo» es en muchos casos sustitutiva de afrodescendiente. No obstante, la criminalización no ocurre de igual forma para los blancos intelectuales, que para las personas negras de un barrio como La Güinera.

Un grupo de intelectuales se manifestó frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT) el 11J. Las fuerzas policiales lograron arrestar en el momento del hecho a los actores: Yunior Aguilera, Reinier Díaz, Edel Carrero y Daniel Triana; así como al historiador Leonardo Fernández Otaño y a los fotógrafos Raúl Prado y Juan Carlos Calahorra. Horas después, detuvieron a la cineasta Gretel Medina y a la curadora de arte Solveint Fong.

Los detenidos obtuvieron su libertad en 24 horas y el trato hacia la mayoría de ellos durante su estadía en la estación de policía no fue irregular, ni violento, en comparación con otros detenidos de barrios marginalizados. Meses después, a diferencia de otros manifestantes del 11J, las causas contra los intelectuales arrestados en el ICRT fueron sobreseídas. Sin embargo, al día siguiente, durante el estallido social en el barrio de La Güinera del municipio Arroyo Naranjo, murió de un balazo a manos de un oficial de policía, el antes mencionado joven negro, Diubis Laurencio.

La Güinera es uno de los barrios más pobres de La Habana, donde se han asentado migrantes de las zonas orientales cubanas. La población, en su mayoría marginalizada y afrodescendiente no tiene acceso a viviendas dignas. El grado de deterioro del fondo habitacional de la zona y el hacinamiento es visible, no obstante, no existen datos oficiales respecto a la pobreza en capital cubana.

11J, judicialización, violencia legal y estructural   

Tras el 11J estuve en el penal Jóvenes de Occidente, buscando a mi pareja, que era uno de los presos. Una semana después no sabía siquiera su paradero. Me encontraba en la parada del bus y llegaron dos de las madres de los presos de La Güinera.

Era 14 de julio de 2021, al menos seis días después de la protesta, y ellas buscaban también a sus hijos. Les pedí una entrevista que concedieron en condiciones de anonimato por el temor a que empeorara la situación de sus familiares como consecuencia de la denuncia. Me contaron que el estallido de La Güinera comenzó en la loma del Capri. Los manifestantes empezaron a gritar consignas en contra del presidente y el gobierno, y los policías comenzaron a disparar.

Una de las madres cuenta que a su hija le querían quitar el niño y la tiraron contra el piso. Cuando vio que se la llevaban comenzó a gritar «¡Yo soy revolucionaria! ¡Viva Raúl! ¡Viva Fidel!». Además, refiere que escuchó tiros y metió a los niños en la casa. Explica que eran tiros de goma y me muestra el proyectil.

Sus hijos aparecieron una semana después; nadie les podía dar noticias de su paradero. Ellas tenían la sospecha de que están muy golpeados y las autoridades esperaban a que se les bajara la hinchazón, para notificar a las familias y evitar la denuncia.

El uso de la violencia por parte del Estado vs la violencia de los manifestantes es crucial en el análisis del 11J. No se puede negar que hubo violencia por parte de los manifestantes, agresiones y daños a la propiedad del Estado. Sin embargo, basta reparar en qué significan esos ataques a propiedades. Por ejemplo, la mayoría de los ataques a objetivos económicos fueron a tiendas en MLC, una medida impopular que tras la Tarea Ordenamiento contribuyó al aumento de la precariedad para los marginalizados.

El uso de la violencia por parte del Estado vs la violencia de los manifestantes es crucial en el análisis del 11J.

El investigador costarricense Alejandro Alvarado sintetiza la criminalización de la protesta como un proceso que consiste en el uso de represión física, mecanismos legales y judiciales contra organizaciones o movimientos sociales para controlar la protesta social. Dicho autor señala a la judicialización como un rasgo característico de la criminalización. Es decir, «el uso de la legalidad y la institucionalidad judicial para encausar y procesar a integrantes de organizaciones y movimientos sociales por su participación y acciones en el marco de conflictos y luchas sociales».

La profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México, Margarita Favela, señala que, durante la judicialización de la protesta, se amplían los espacios de la violencia ilegal contra los opositores que incluyen violaciones de derechos humanos de los detenidos: maltrato en la detención y confinamiento; violación al proceso justo de los acusados: se manipulan los procesos judiciales empleando pruebas testimonios de la parte acusatoria y se invalidan pruebas exculpatorias e incluso se eligen a los jueces de manera conveniente. Favela explica, además, cómo son ignoradas las acusaciones contra de la autoridad político-administrativa, que queda impune en el proceso.

No son pocos los familiares de los presos del 11J que han denunciado en redes sociales sus experiencias de persecución o presión de fuerzas de la seguridad del Estado por exigir libertad para ese hijo hermano, tío, etc. y para que desistan de sus reclamos para esos que están cumpliendo condenas por protestar.

Fueron muy pocos los casos donde procedieron las denuncias a miembros de los cuerpos policiales por utilización de violencia indebida en el 11J. En el caso de Leonardo Romero Negrín y Alexander Hall, estudiantes universitarios que la revista Alma Mater entrevistó, llegó a comentarse el resumen de la denuncia que había impuesto Romero a quienes le golpearon.  Al respecto el artículo refiere que «se comprobó que, ante la solicitud de Leonardo de formular denuncia, el instructor no dispuso su tramitación. Por esta razón, contra él se aplicarán sanciones administrativas».

Fueron muy pocos los casos donde procedieron las denuncias a miembros de los cuerpos policiales por utilización de violencia indebida en el 11J.

A partir de las protestas y su impacto en la opinión pública, el gobierno cubano reconoció que había «desatendido» algunos sectores poblacionales, también que existía desconexión entre las decisiones y acciones de algunos directivos y las necesidades de la ciudadanía. «Esta base social no la podemos olvidar y en esa base social hay mucha gente que están viviendo y mal y tenemos que transformar esa realidad», afirmó Miguel Díaz-Canel en octubre de 2021. En respuesta, se realizaron algunas reformas económicas —como la aprobación de las mipymes, liberación de impuestos aduanales, flexibilización de los requisitos para adquirir la cartilla de racionamiento— e intervenciones en las comunidades a las que se llamó eufemísticamente «vulnerables» —para evitar decir empobrecidas.

Sin embargo, ninguna de estas acciones ha logrado transformar significativamente las condiciones de quienes protagonizaron el estallido. Con un poco más de pintura y algunas calles mejor asfaltadas, la mayoría siguieron sin poder reproducir dignamente la vida mediante el trabajo, tampoco salieron de sus asentamientos informales, ni pudieron adquirir ni los medicamentos y alimentos necesarios para un mínimo de bienestar social. Hoy, casi tres años después, y con problemáticas sociales aún más graves, la campaña sobre acciones en los barrios ocupa muy pocos titulares en la prensa estatal.

¿Por qué Cuba necesita una amnistía?

El día que el Estado cubano decidió encerrar de manera masiva a manifestantes del 11J, no se quitó de encima a quienes pedían cambios en ese estallido social, más bien los radicalizó, los alejó de toda posibilidad de diálogo constructivo. La violencia en el 11J vino de ambas partes, pero la sanción fue desmedida para quienes se opusieron al Estado. El disenso colectivo lo pagaron los más pobres. El castigo ejemplarizante lo sufrieron los criminalizables, los sin cara.

Cuba necesita una amnistía porque el Estado no puede darle solución a los conflictos que provocaron el estallido y porque no ha sabido reconocer tampoco su responsabilidad en materia de represión política. Por cada manifestante del 11J, hay familias enteras insatisfechas con la gestión del Estado, personas que en muchos casos han decidido denunciar la situación de sus familiares en las cárceles y son acosados en el proceso. A este paso, sin una amnistía, no quedará cubano que busque soluciones en las instituciones del Estado, porque la falta de legitimidad del engranaje socio-político que sostiene el país será tanta, que el ciudadano de a pie preferirá callar, y migrar, si es que puede. Cuba necesita una amnistía para seguir siendo un país.

La gente no sale a la calle a protestar en un país donde la manifestación es prácticamente ilegal, porque sí. La gente pone su vida y su libertad en juego cuando no tiene nada que perder. La mayoría de los familiares de los presos políticos no son burgueses acomodados luchando por más privilegios, ni dueños de mipymes, ni gerentes de empresas extranjeras; son los trabajadores humildes que construyeron ese país, y hoy apenas pueden reproducir su vida, mientras otros muestran sus lujos sin temor a represalias. Su lucha es profundamente revolucionaria en el sentido más amplio de la palabra.

Luis Robles pudo haber aportado con sus conocimientos y trabajo a una sociedad que se queda sin jóvenes, como lo pudieron haber hecho los hermanos Perdomo, las hermanas Garrido, las jimaguas Rodríguez, o Wagniel Aguilar Bravo. Cuba nos necesita a todos. ¡Qué a nadie más le «hagan un Robles», sin antes escuchar lo que tiene que decir!

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[1] La búsqueda puede arrojar números diferentes en dependencia del lugar donde se haga por los algoritmos de Google.

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